SANTO DOMINGO, RD.– Residentes del sector El Valiente denunciaron este martes un desalojo que afectó a seis familias, calificándolo como un acto “sin consideración” y sin el debido proceso.
La comunidad se movilizó para expresar su indignación y exigir la intervención de las autoridades.
Felipe Berhuete, quien afirmó ser propietario de una de las viviendas demolidas tras 25 años de trabajo, relató cómo se sintió engañado por la persona que ordenó el desalojo, alegando que se habían acordado negociaciones que nunca se concretaron.
“25 años de sudor trabajando día y noche… mira lo como me lo echaron a perder”, lamentó.
Según los testimonios recogidos en el lugar, seis familias fueron desalojadas, resultando en la destrucción de sus viviendas. Líderes comunitarios presentes durante la denuncia exigieron al presidente de la República que declare de utilidad pública los terrenos ocupados por familias durante más de 20 años, amparándose en la Constitución y las leyes.
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“Una vez más le estamos solicitando al presidente de la República que él que tiene en sus manos según la Constitución declarar de propiedad pública a los terrenos que están ocupados por familia por más de 20 años”, expresó un dirigente comunitario identificado como Mota, quien advirtió que “El Valiente no se va a quedar de brazos cruzados”.
Carlos Yola Alcántara, presidente de la Junta de Vecinos Comunidad Unidas, calificó el desalojo como un “atropello muy grande”, denunciando agresiones contra los comunitarios y la falta de agotamiento de los procedimientos legales correspondientes. “En los siguientes días que se retraten porque eso no se va a quedar así”, sentenció.
Joel Peña Navarro, presidente de la Junta de Vecinos Canán, se dirigió directamente al senador Antonio Marte, recordando las promesas hechas durante su campaña y exigiendo su intervención en la situación.
Dirigentes comunitarios también hicieron un llamado al jefe de la Policía Nacional para que no trate a los líderes del sector como delincuentes, afirmando que la comunidad se mantendrá firme en la defensa de sus derechos.
Se solicitó formalmente que el presidente declare varias parcelas de la zona de utilidad pública, mostrando disposición a pagar por los terrenos a largo plazo.
Rosa María de la Cruz, presidenta de la Junta de Vecinos Paseo del Mar, hizo un llamado directo al presidente Abinader para que tome cartas en el asunto e investigue quiénes están detrás de estos desalojos sin notificación previa, sugiriendo la posible implicación de personas poderosas. La comunidad clamó por “cero desalojo y titulación”.
