Santo Domingo. – El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana respondió este viernes al experto en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre su posición con las repatriaciones haitianas.
William O´Neill pidió al Gobierno descontinuar las repatriaciones debido al estado de inseguridad que vive esa nación, por lo que Cancillería le indicó que resulta desproporcionado e irrazonable pretender que República Dominicana cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos.
A través de un comunicado de prensa, la entidad le aclara a O´Neill que el deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos.
Además, agrega que el masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible.
El año pasado las autoridades dominicanas deportaron un total de 120,900 extranjeros irregulares, en su mayoría, haitianos.
“Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generan graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional”, indica la entidad.
Cancillería precisa que las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de “manera fehaciente” el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Indica que en 2018, el 12.5 % de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción “aumentó dramáticamente” al 23.7 % en 2019, al 27.2 % en 2020, al 30.5 % en 2021, al 33.1 % en 2022 y al 34 % en 2023 (según datos hasta mayo).
En los últimos tres años, el país promedio más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. Agrega que el costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.
En tal sentido, la entidad sostiene que la crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana. Cancillería entiende que ese es un paso necesario para abrir un proceso de reconstrucción en Haití.
