REDACCIÓN.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas jurídicas y consorcios vinculados, según una investigación, a una estructura que habría manipulado procesos de contrataciones mediante prácticas fraudulentas.
La medida, contenida en la Resolución DGCP44-2025-004600, busca proteger el patrimonio público y preservar la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), según explicó la institución.
Empresas suspendidas
Entre las razones sociales incluidas en la suspensión figuran: Comerdon SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca SRL; Tingley Business SRL; Mediterráneo Investments Group SRL; Kury Limited; Importadora Coav SRL; Empresas Integradas SAS; Flexiplas SRL; Inversiones Nogal Verde SRL; Agro Avícola Benevento SRL; Grupo Empresarial Barnichta SRL; Inversiones Yang SRL; Topicverse SRL y Roment SRL.
También fueron suspendidos los consorcios:
- Empresas Integradas & Concreto Pretensado
- Empresas Integradas & Constructora Yeara
- Empresas Integradas & Farmasino
- Empresas Integradas & Tankasa
- Importadora Integrada (Importadora Coav)
- Posibles nuevos involucrados
La DGCP adelantó que, a medida que avancen las investigaciones, podrían sumarse otras personas físicas o jurídicas presuntamente vinculadas a la misma red fraudulenta.
Una medida preventiva, no sancionadora
La institución aclaró que la suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar para evitar riesgos de reiteración, obstrucción o afectación de los procesos mientras avanza la investigación penal que realiza el Ministerio Público.
La DGCP señaló que mantener habilitadas a las empresas investigadas representaría un riesgo grave e inminente al permitir que continúen participando en concursos públicos pese a indicios de colusión, soborno, falsificación de documentos, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos.
Antecedentes del caso
El órgano rector recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General, en el que se documentan patrones de manipulación de procesos, intimidación a proveedores, presunta extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos.
El informe incluye testimonios de oferentes que denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, así como patrones de participación conjunta y rotación de adjudicatarios en sectores específicos del mercado público.
