Santo Domingo.– Dictan tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir, mediante una entrega controlada, la suma de 10 mil dólares de una persona bajo investigación.
El imputado, señalado por presuntas violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión fue adoptada por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien rechazó los incidentes planteados por la defensa, incluida la solicitud de nulidad del proceso.
La magistrada estableció que, tras concretarse la entrega del dinero, se configuró una situación de flagrancia que permitió la intervención de las autoridades sin necesidad de una orden de arresto. Asimismo, indicó que la entrega vigilada es una técnica especial de investigación contemplada en la Ley 155-17 y que, en este caso, contaba con autorización judicial previa.
Sobre el allanamiento, determinó que se realizó conforme a la orden emitida para el domicilio del imputado. En cuanto al peligro de fuga, consideró factores como la gravedad del hecho, el daño causado y la posible pena a imponer.
De acuerdo con el expediente, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200 mil dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150 mil dólares, además de solicitar bienes materiales como un reloj de lujo y un vehículo.
En el desarrollo de la audiencia, los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano presentaron diversas solicitudes, incluyendo la nulidad de la investigación y objeciones sobre la competencia para firmar la medida de coerción, señalando a José del Carmen Sepúlveda como la autoridad correspondiente. Estas peticiones fueron rechazadas por el tribunal.
También se negó la solicitud de que el proceso se realizara con acceso a los medios de comunicación.
El imputado pertenece a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), mientras que la recusación previa contra la jueza fue desestimada por instancias superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 29 de junio de 2026.
