República Dominicana.– En vísperas del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (13 de octubre), comunidades de Azua levantaron su voz contra lo que califican como un “acto de irresponsabilidad ambiental y social” del Gobierno dominicano: la instalación y expansión de barcazas generadoras de energía en la zona protegida de Playa Los Negros.
La diputada Nurca Nieves, representante de la Fuerza del Pueblo por esa provincia, encabezó una rueda de prensa en el Congreso Nacional junto a residentes y ambientalistas, donde exigió al presidente Luis Abinader ordenar la retirada inmediata de las barcazas.
Denunció que las plantas flotantes generan altos niveles de contaminación, afectan la producción agrícola y deterioran la salud de los habitantes del entorno.
“El Gobierno debía prevenir desastres, no provocarlos. En este país es el pueblo quien tiene que recordarle al Estado su obligación de protegernos”, declaró Nieves.
Irregularidades en la licitación
La Superintendencia de Electricidad (SIE) ordenó la suspensión de la licitación para instalar las barcazas, señalando vicios e irregularidades en el proceso.
De acuerdo con los documentos citados por la diputada, el 1 de diciembre de 2021 las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) convocaron a un proceso urgente para instalar hasta 400 megavatios (MW) mediante barcazas y plantas modulares.
En mayo de 2022, los contratos fueron adjudicados a las empresas Karpowership Dominican Republic, con dos barcazas en Azua (103 MW y 75 MW), y SIBA Energy, con plantas modulares en Boca Chica (190.89 MW).
Posteriormente, la SIE anuló la adjudicación a Karpowership por irregularidades y notificaciones extemporáneas. Sin embargo, el Consejo Unificado de las EDES desoyó la resolución, incurriendo —según Nieves— en desacato institucional.
Zona protegida y daños ambientales
Las barcazas fueron instaladas en Pueblo Viejo, Azua, un área ecológicamente sensible reconocida por su biodiversidad marina y costera, hogar de especies como manatíes antillanos y manglares protegidos.
Organizaciones comunitarias denuncian contaminación del agua, aire y suelo; proliferación de enfermedades respiratorias (asma, bronquitis, EPOC y cáncer de pulmón); incendios, ruido constante y muerte de fauna marina.
“La comunidad ha protestado de forma pacífica y el Estado ha respondido con represión”, señalaron representantes locales durante la rueda de prensa.
Altos costos y falta de transparencia
Según el Boletín de Gestión Energética 2024 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), las barcazas contratadas están entre las fuentes de energía más caras del país:
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Karpowership: 44.60 centavos USD/kWh
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SIBA Energy: 35.33 centavos USD/kWh
En comparación, las plantas a gas natural generan energía a 9–10 centavos USD/kWh y las plantas a carbón a 12–13 centavos USD/kWh.
“¿Por qué pagar más por una energía que además contamina? ¿Quién se beneficia de este contrato?”, cuestionó la diputada Nieves.
La legisladora advirtió que las comunidades continuarán movilizadas hasta lograr la salida definitiva de las barcazas, por considerar que violan la ley ambiental y ponen en riesgo la salud, la economía y el futuro de la provincia.
