SANTO DOMINGO.- El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ingeniero Onéximo Antonio González, aseguró que aunque comprende la posición del juez del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas Guerrero, sobre la renovación de licencias para mayores de 65 años, la legislación vigente debe cumplirse tal como fue aprobada.
“El problema es que el juez Vargas es el juez, pero la ley es la ley”, expresó González durante la entrevista en el programa Matutino Su Mundo, sobre las declaraciones del magistrado, quien cuestionó la disposición que obliga a los adultos mayores a renovar su licencia de conducir cada dos años.
El funcionario explicó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue construida tomando como referencia experiencias internacionales y que originalmente contemplaba una visión más amplia y moderna del sistema de transporte dominicano.
González reveló que la legislación fue elaborada con el apoyo de la experta internacional Alicia Cristina Rivera, a quien definió como “la madre” de la ley.
“Alicia Cristina Rivera, una experta que había trabajado con el BID, Banco Mundial y la CAF, fue quien ayudó a estructurar esa legislación junto al equipo técnico”, explicó.
El director de la OMSA sostuvo que la pieza legislativa sufrió múltiples modificaciones durante su paso por el Congreso Nacional, incluyendo cambios relacionados al sistema de financiamiento del transporte y las disposiciones vinculadas a las licencias de conducir.
Según explicó, aunque personalmente entiende que la edad límite pudo haberse elevado a 70 años debido al aumento en la esperanza de vida, la normativa finalmente fue aprobada estableciendo renovaciones periódicas a partir de los 65 años.
“Yo estoy de acuerdo con el juez por mi condición de niño adulto mayor, pero tengo que acogerme a la ley”, manifestó entre risas durante la entrevista.
El funcionario también criticó la falta de aplicación efectiva de la legislación de tránsito en el país y aseguró que muchas de las modificaciones hechas durante el proceso congresual terminaron debilitando el alcance original de la ley.
Asimismo, defendió la necesidad de impulsar un sistema de transporte masivo moderno y eficiente, acompañado de políticas que desincentiven el uso excesivo del vehículo privado en zonas congestionadas del Gran Santo Domingo.
