Santo Domingo.– La directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, explicó que las más de 300 desvinculaciones registradas en la institución fueron ejecutadas antes de que asumiera el cargo y obedecen principalmente al proceso de fusión con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), así como a ajustes presupuestarios y organizativos.
Jiménez precisó que el 31 de diciembre de 2025 fueron desvinculados 320 colaboradores, como resultado de la integración de ambas entidades y la eliminación de funciones duplicadas. Aseguró que dichas decisiones no fueron tomadas durante su gestión, que inició formalmente el 6 de enero pasado.
Asimismo, en una entrevista concedida a Diario Libre, La funcionaria explicó que, con la aplicación de un nuevo modelo organizativo y varias leyes de ordenamiento territorial y planificación regional, Supérate redujo su estructura de 16 a 10 direcciones regionales, lo que impactó directamente en la nómina.
Indicó que, aunque no ejecutó directamente los despidos, le correspondió firmar la exclusión formal del personal de la nómina, un procedimiento administrativo que coincidió con su llegada a la institución.
Según la documentación revisada, los exempleados estaban clasificados como personal eventual, con salarios que oscilaban entre 8,000 y 75,000 pesos, y pertenecían a distintas áreas, incluyendo Comunicaciones, Proyectos Sociales, Niñez y Adolescencia y varias coordinaciones regionales.
Durante enero también se produjeron nuevas desvinculaciones y ajustes, así como renuncias y traslados de personal, en el marco de la reestructuración institucional. Entre las áreas más impactadas figura la Dirección de Comunicaciones, cuya plantilla se redujo de 77 a 36 colaboradores.
Jiménez aseguró que el proceso busca fortalecer la eficiencia institucional y desconcentrar el personal hacia el interior del país. Negó, además, versiones sobre cancelaciones de embarazadas o personas con discapacidad.
Las desvinculaciones en Supérate se producen en un contexto más amplio de cambios administrativos en distintas instituciones del Estado tras recientes movimientos en el Gabinete, lo que ha generado reacciones tanto políticas como sindicales.
