Santo Domingo.– El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, afirmó este miércoles que las centrales sindicales aún están a la espera de una reunión con el presidente Luis Abinader, la cual ha sido solicitada formalmente para abordar diversos temas pendientes de la agenda laboral y social.
“Todavía no hemos visto al presidente, pero estamos esperando una reunión con él. Queremos conversar de frente temas importantes como la seguridad social, el Código de Trabajo y las pensiones, entre otros asuntos pendientes”, expresó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Del Río Doñé reiteró que uno de los principales reclamos del sector sindical es la correcta aplicación de la Ley 87-01, especialmente en lo relativo al régimen contributivo subsidiado, destinado a los trabajadores de la economía informal.
Estado incumple aporte a la seguridad social
El dirigente sindical denunció que el Estado ha incumplido su rol como empleador dentro del régimen contributivo subsidiado, al no aportar el 70 % que le corresponde, mientras que el trabajador debe asumir el 30 %, tal como establece la ley.
“El Estado dice que no tiene recursos y actúa fuera de la ley. Esa es una admisión de que no quiere cumplir con esa obligación”, sostuvo.
Indicó que esta situación ha sido planteada a distintos gobiernos desde la creación del sistema de seguridad social, sin que hasta el momento se haya aplicado de manera efectiva dicho régimen, afectando a millones de trabajadores informales y profesionales independientes.
Pensiones estancadas y reclamos históricos
Del Río Doñé señaló que las centrales sindicales llevan dos años sin recibir pensiones para sus afiliados, incluyendo pensiones nuevas y mejorías de las existentes.
“No se trata de pensiones solidarias, sino de mejorar pensiones muy bajas. Hay trabajadores que reciben 10 mil pesos y necesitan ser llevados a 30 o 40 mil para vivir con dignidad”, explicó.
El dirigente sindical advirtió que el régimen subsidiado del Estado mantiene empleados a trabajadores que sí pueden pagar la Seguridad Social, pero que continúan recibiendo atención médica financiada con fondos públicos.
“El régimen subsidiado ha empleado una cantidad de trabajadores que no necesita y que pueden pagar su seguridad social; sin embargo, están recibiendo la medicina del Estado y la atención en los hospitales del Servicio Nacional de Salud, cuando podrían cubrir su seguro junto a su familia”, sostuvo.
Del Río Doñé señaló que, pese a los esfuerzos del sector sindical para promover la formalización, ha faltado voluntad estatal para impulsar el modelo. “Lo que ha faltado es propaganda y promoción. El Estado no le ha dado interés a este modelo, a pesar de que es exitoso. De nuestra parte se han hecho grandes esfuerzos, pero no se nos escucha”, afirmó.
Al referirse a la situación de los trabajadores de la economía informal, recordó que la Ley 87-01 contempla tres regímenes de seguridad social. “La ley establece el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen contributivo subsidiado. En este último, el Estado debe actuar como empleador de los trabajadores informales, pero ese régimen nunca ha entrado en vigencia ni parece haber intención de aplicarlo”, enfatizó.
AMUSOL: respuesta sindical ante la inacción estatal
Ante la falta de respuesta del Estado, la CASC creó la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSOL), una estructura propia que permite a trabajadores informales y de microempresas integrarse al régimen contributivo de la seguridad social.
“Tenemos más de 100 mil trabajadores, junto a sus familias, afiliados a este sistema. Funcionamos como un empleador virtual que permite a estas personas acceder a salud, pensiones, riesgos laborales y AFP de su preferencia”, explicó.
Dentro de este programa, más de 4,000 trabajadoras domésticas ya están registradas formalmente en la seguridad social, lo que calificó como un avance significativo.
Plan “Vive Tranquilo”
Del Río Doñé también destacó el plan “Vive Tranquilo”, una iniciativa que por RD$100 mensuales cubre los gastos funerarios de los trabajadores afiliados en caso de fallecimiento.
“Es una respuesta solidaria ante una realidad donde la mayoría de los trabajadores no tiene ahorros ni recursos para enfrentar una emergencia de ese tipo”, afirmó.
Finalmente, reiteró el llamado al presidente Abinader para que impulse el diálogo y garantice el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en beneficio de los trabajadores dominicanos.
