Santo Domingo. – Tras la polémica generada en los distintos sectores de todo el país por el proyecto de ley para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró que el proyecto podría sufrir modificaciones.
“Nada se ha precipitado, apenas se ha ido leyendo. No se ha hablado de emitir informe. Tomando en cuenta la opinión pública, se ha visto que como otros que han llegado se han modificado” expresó ayer Estrella.
Asimismo, preguntó: ¿Cuántos proyectos del Poder Ejecutivo no se han modificado?”. Ante esto, el también senador de Santiago dijo que la comisión que estudia el proyecto tomó la decisión de convocar a vistas públicas a partir de la siguiente legislatura.
“Este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se le harán todas las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional” señaló.
A pesar de no acostumbrar a ofrecer declaraciones, ayer el presidente de la Cámara Alta, en compañía con otros senadores, dio garantías de que el proyecto no será festinado, mientras legisladores de la oposición no están de acuerdo con la iniciativa del gobierno por considerar que vulnera la soberanía dominicana.
Estrella dijo que la estructura del proyecto depositado trata de un modelo implementado en otros países, donde ha funcionado, pero que, debido a la realidad migratoria del país, este se debe “adecuar”.
El proyecto sometido por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado toma en consideración disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por el Congreso Nacional por la Resolución 694 del 10 de diciembre de 1977.
Entre estas se cita la prohibición de expulsión, por el cual “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas”.
Además, el principio de gratuidad, mediante el cual, “todos los servicios de asistencia, atención y protección que se brinden a las víctimas o sobrevivientes de trata”, serán gratuitos cuando sean provistos por el Estado.
Igualmente, en materia de educación, los Estados darán un trato similar a los refugiados que a los nacionales.
A pesar del mensaje de calma que intentó ofrecer el presidente de la Cámara Alta, los voceros de los bloques del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, arremetieron contra el gobierno por la pieza presentada.
Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, dijo que la pieza se traduce en lo que “expresa y piensa” el actual gobierno.
“Aquí en este proyecto está expresado lo que realmente siente, es lo que siente el equipo que está gobernando, no es otra cosa que no creen en este país, que no cree en la soberanía, que creen que pueden hacer este país un centro de refugiados”, criticó Sánchez.
De su lado, el vocero del PLD, Yván Lorenzo, fue crítico sobre el proyecto y dijo que este fue presentado por un “pedido de la comunidad internacional”.
“Este gobierno atropella la soberanía nacional con el mamotreto de la iniciativa que han presentado al Senado de la República. Tratan de generar o crear un impuesto para privilegiar a los nacionales haitianos que son víctimas de trata, sin embargo, no tratan de crear un impuesto para los fronterizos que han permanecido venciendo la inclemencia del tiempo y de las dificultades”, arremetió Lorenzo.
