“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, se lee en el documento difundido.
En esa línea, el gobierno estadounidense expresó su apoyo al gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”.
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Este es el segundo pronunciamiento internacional en lo que va del conflicto iniciado hace tres semanas. El viernes, ocho países —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno.
Bolivia atraviesa un tiempo de tensión tras varios días de protestas convocadas por diversos sectores para presentar reclamos sindicales por incremento salarial y la abrogación de una ley que autorizaba cambios en la propiedad agraria, principalmente, pero luego surgieron pedidos de renuncia contra el presidente por un descontento general con su gestión.
Desde hace 12 días que la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz realiza bloqueos indefinidos en la zona andina del país con el respaldo de algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos.
Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, desde entonces se registra un promedio de 20 piquetes simultáneos, lo que ha provocado la escasez de algunos alimentos básicos en la sede de Gobierno, la imposibilidad de viajar por vías terrestres y pérdidas económicas para sectores estratégicos como la industria y el transporte pesado.
Adicionalmente, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha desde la localidad de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz, que tiene previsto ingresar a la ciudad este lunes para exigir respeto a la Constitución Política del Estado, ante propuestas de modificación parcial, y el cese de procesos judiciales contra el exmandatario.
La semana pasada se vivió una jornada de violencia con la protesta de mineros cooperativistas que se enfrentaron a la Policía con dinamita en el centro paceño mientras sus dirigentes negociaban un pliego de demandas con el Gobierno. Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco para desactivar el conflicto: la administración de Paz suspendió temporalmente la fiscalización de los aportes y deudas de las cooperativas mineras a la Caja Nacional de Salud, entre otros beneficios para el sector.
Pese al levantamiento de las medidas de presión de este sector, uno de los más violentos por el uso de material explosivo en sus protestas, la calma está lejos de retornar a La Paz, que se mantiene prácticamente cercada por los bloqueos y espera la llegada de los marchistas afines a Morales.
En ese marco de conflictividad, el Gobierno ha hecho llamados al diálogo a los diversos sectores, pero a la vez ha criminalizado la protesta al señalar que está financiada por el narcotráfico. También ha responsabilizado a Evo Morales de ser una especie de autor intelectual de los múltiples frentes de conflicto y ha amenazado con procesos judiciales a los manifestantes.
En medio de la disputa política, la ciudadanía enfrenta horas de tensión con la escasez de algunos alimentos, el alza de los precios y la suspensión parcial del transporte público y de las clases escolares en algunos colegios, que han pasado a modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto.
El fin de semana, operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron en piquetes para permitir el paso de alimentos e insumos médicos, pero tras la habilitación de lo que denominaron “corredores humanitarios”, los bloqueos se volvieron a instalar en varios puntos. La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que los operativos policiales dejaron al menos 57 personas detenidas y cinco heridas.
