REDACCIÓN.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció la emisión de dos nuevas licencias que alivian parcialmente las sanciones financieras impuestas a Venezuela desde hace casi una década.
La primera licencia permite al Estado venezolano negociar con terceros países para establecer “contratos contingentes”, es decir, acuerdos que podrán ejecutarse solo si reciben la aprobación de Washington.
Sin embargo, la medida mantiene restricciones clave: quedan excluidas operaciones relacionadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA), sus filiales y empresas mixtas, así como pagos de deuda o bonos.
También se prohíben transacciones mediante oro, criptomonedas o monedas digitales oficiales, y acuerdos con entidades de países como China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte.
La segunda licencia, identificada como la número 57, autoriza ciertas operaciones financieras con bancos estatales venezolanos, incluyendo el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores.
Esta disposición podría permitir que dichas entidades vuelvan a operar en el sistema internacional, incluyendo transferencias en divisas a través de plataformas como SWIFT, aunque sin autorizar la apertura de nuevas cuentas.
Entre las operaciones permitidas figuran transferencias, depósitos, pagos de salarios y pensiones en moneda extranjera, uso de tarjetas y manejo de cuentas existentes.
Las sanciones estadounidenses, endurecidas desde 2017 y ampliadas en 2019 con medidas directas contra el BCV, han limitado el acceso de Venezuela al sistema financiero global.
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Aunque estas nuevas licencias representan un alivio parcial, las restricciones estructurales continúan vigentes, por lo que no implican un levantamiento total de las sanciones.
En paralelo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez encabezó la firma de nuevos acuerdos con la empresa Chevron, con el objetivo de aumentar la producción de crudo.
Las autoridades venezolanas han reiterado su interés en avanzar hacia el levantamiento total de las sanciones, señalando su impacto en la economía del país durante la última década.
