WASHINGTON.-Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre posibles abusos laborales y violaciones de derechos humanos en Nicaragua, lo que podría tensar aún más las relaciones con un país con el que mantiene un acuerdo de libre comercio. La medida surge en medio de crecientes preocupaciones por el carácter autoritario del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La investigación, liderada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, tendrá una duración aproximada de un año.
“La evidencia sugiere que el gobierno de Nicaragua está llevando a cabo acciones represivas que perjudican tanto a los trabajadores como al pueblo nicaragüense, afectan la competencia justa y contribuyen a la inestabilidad en nuestra región”, declaró Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, en un comunicado.
Amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la investigación analizará no solo los reportes de abusos, sino también el impacto de estas prácticas en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Cualquier acción al respecto dependerá de los hallazgos que surjan durante el proceso.
La representante comercial, en su comunicado, citó reportes creíbles por varios grupos activistas contra el gobierno de Ortega, incluyendo de arrestos políticos, trabajos forzados, tráfico humano y represión de la libertad de asociación y contratación colectiva.
“Tales acciones exacerban la explotación laboral y disminuyen el crecimiento económico y las oportunidades comerciales”, indicó la agencia, añadiendo que la decisión de abrir la investigación es una de varias medidas tomadas el martes para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La vicepresidenta de Nicaragua y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
En mayo, el gobierno estadounidense impuso aranceles de la sección 301 a varios productos chinos, incluidos vehículos eléctricos, baterías avanzadas, células solares, acero y aluminio. Esos aranceles reflejaron en gran medida la conclusión de Estados Unidos de que China estaba subsidiando injustamente esas industrias.
El presidente Joe Biden criticó las políticas comerciales de China al señalar: “Durante años, el gobierno chino ha vertido dinero estatal en empresas chinas. Eso no es competencia, es trampa”.
En el caso de Nicaragua, las sanciones plantean un desafío adicional, ya que el país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América Central. Entre los cinco países miembros del acuerdo, Nicaragua es uno de los dos que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos. En 2022, este superávit ascendió a aproximadamente 3.000 millones de dólares, representando cerca del 20% de su producto interno bruto.
El mes pasado, el presidente Daniel Ortega propuso una reforma constitucional que lo designaría, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como “copresidentes” de Nicaragua. Además, la reforma extendería el mandato presidencial de cinco a seis años.
Estas iniciativas se enmarcan en una creciente represión por parte del gobierno de Ortega, que ha encarcelado y forzado al exilio a opositores, incluidos líderes religiosos y periodistas. Desde 2018, el régimen ha cerrado más de 5.000 organizaciones, principalmente religiosas, y ha provocado el éxodo de miles de ciudadanos.
