La sociedad dominicana no puede seguir siendo rehén del desorden, la imprudencia y la violencia que hoy protagonizan miles de motoristas que circulan sin ningún tipo de control en todo el territorio nacional, frente a la mirada complaciente de quienes están llamados a imponer el orden en el país.
Hacemos un llamado enérgico a la Policía Nacional, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y a todas las autoridades competentes, para que actúen de manera inmediata, firme y sin contemplaciones ante este problema de los motoristas que hacen en las vías públicas lo que les da la gana, de tal manera que se percibe que es una plaga social que se ha salido de control.
Y no se trata solo de imprudencias. Estamos hablando de verdaderas hordas que, bajo el pretexto de “conchar”, violan las leyes, se desplazan como dueños de las calles, se suben a aceras, invaden espacios imposibles, rayan vehículos con el timón de sus motores de manera impune, irrespetan señales de tránsito frente a la mirada irresponsables de los agentes del tránsito y, peor aún, amenazan a ciudadanos que simplemente intentan circular de manera correcta.
Lo ocurrido recientemente en Santiago de los Caballeros, donde un chofer de camión del ayuntamiento de esa ciudad, fue asesinado a puñaladas por un motorista, lo que ya marca un punto de quiebre.
Ya no estamos ante un problema de tránsito:
estamos ante un problema de seguridad nacional.
Y es bueno que las autoridades sepan que, la impunidad con que vienen actuando los motoristas en al país, ha sido el combustible de este caos.
Y es bueno que se sepa, que mientras no haya consecuencias reales, el desorden seguirá escalando hacia niveles aún más peligrosos.
Exigimos:
* Operativos permanentes y contundentes contra motoristas que violen la ley.
* Registro, identificación y regulación estricta del motoconcho.
* Sanciones ejemplares, incluyendo la incautación de motocicletas y sometimientos judiciales.
* Protección efectiva para los ciudadanos que hoy se sienten indefensos en las calles.
El Estado tiene la obligación de garantizar el orden, la seguridad y el respeto a la vida.
No actuar ya sería una irresponsabilidad histórica.
La República Dominicana no puede seguir siendo tierra de nadie.
¡Es momento de imponer el orden!
