Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) saludó la sentencia que la Suprema Corte de Justicia dictó el pasado 15 de diciembre en la que ratifica la paralización del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
El IDAC entiende que la autoridad le ha dado ganancia de causa a la decisión tomada por la administración del instituto, cuando en octubre del 2020 declaró la iniciativa como lesiva al interés público, lo que anuló el proceso de construcción del aeropuerto.
“La sentencia desestima una autorización que no cumplió con los requerimientos técnicos y legales, conforme a la Ley 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana”, afirmó su director general, Héctor Porcella.
Recordó que esta infraestructura tampoco cumplió con los requisitos establecidos en el RAD 14 (Reglamento Aeronáutico Dominicano), así como con el anexo 14 sobre aeródromos del Convenio de Aviación Civil Internacional.
“Los estudios técnicos y legales en los que se fundamentaba la autorización no cumplían y eran preliminares. No contaba con estudios de viento, de suelo, títulos de propiedad de los terrenos donde se proyectaba construir el proyecto, entre otros estudios técnicos, por lo que el IDAC consideró, en una revisión del expediente, que dichos estudios no cumplían con los requerimientos”, reafirmó.
IDAC es quien aprueba
Uno de los argumentos expuestos por los jueces de la Suprema Corte de Justicia para fallar la sentencia a favor del IDAC es que dicho instituto es el único organismo responsable de autorizar la construcción de este tipo de infraestructura y no el Departamento Aeroportuario, que había otorgado el visto bueno al proyecto a través de su Comisión Aeroportuaria.
Porcella definió al IDAC como el ente especializado para la supervisión y regulación de la aviación civil, con la función de autorizar la construcción de los aeródromos, mientras que el Poder Ejecutivo los autoriza como infraestructuras de entrada y salida del país.
El Departamento Aeroportuario solo se responsabiliza de administrar los aeropuertos estatales, supervisando y velando por los contratos de concesión a entidades privadas.
