El presidente Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el opositor Congreso y amenazado de destitución, decretó este miércoles la disolución del Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas en tres meses.

El impopular mandatario de derecha, señalado por la mayoría legislativa de izquierda de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, según el documento difundido por la presidencia.

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda para recuperar fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel por corrupción.

La Constitución establece que, en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.

“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso en un mensaje por radio y televisión. La Constitución le permite postularse en los nuevos comicios.

Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza congresal con 49 de los 137 curules, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso.

“Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”, expresó en Twitter.

“Esto es un golpe de Estado -no hay causales- pero es también el último clavo de su propio ataúd político”, añadió Correa, exiliado en Bélgica pero muy influyente en Ecuador.

Derecha frágil

Lasso se presentó el martes ante la Asamblea para defenderse de acusaciones por supuesto peculado. Según las denuncias, decidió continuar con un contrato firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

El politólogo Santiago Cahuasqui, de la universidad SEK, dijo que las elecciones anticipadas beneficiarán a la izquierda porque “los sectores de la derecha quedan fragilizados con la presencia de un gobierno que tiene menos del 15% de credibilidad”.