La estrechez de mi sesera jamás ha registrado (debe ser por mi poco o casi nulo dominio de asuntos penales, civiles y criminales), una «incautación provisional de bienes» contra un imputado en un casos de corrupción; como lo es el del empresario José «Jochi» Ángel Gómez-Canaán, a quién el Ministerio Público incautó la pasada semana de “manera provisional” el inmueble donde reside.
A Jochi también (pero esto fue el pasado año) las autoridades en allanamientos retuvieron propiedades del joven empresario entre lo que se cuentan 25 relojes de lujo, algunos de los cuales tienen un precio por unidad de hasta 3,500,000 dólares, unos 210 millones de pesos.
Mientras que a Hugo Beras, imputado por el mismo caso (también el pasado año) en los allanamientos en su residencia en la capital le incautaron el teléfono celular, una caja fuerte vacía que había comprado recientemente y varios documentos.
Gómez-Canaán, junto al comunicador Hugo Beras es uno de los implicados en el proceso judicial por supuesta corrupción en la compra e instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo.
Lo que si yo sé es que los bienes incautados por las autoridades dominicanas a los narcotraficantes se traspasan al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), y creo, reitero desde mi poco entender, que el caso de Jochi Gómez y Hugo Beras no entra dentro de ese conjunto de bienes, puesto que no se le ha celebrado (porque celebrado?), juicio alguno.
También sé que la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Jochi Gómez, quien es propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico de la supuesta fraudulenta adjudicación de contratos millonarios realizados por el Instituto Nacional Tránsito Transporte (Intrant) a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
Ahora bien, viene pregunta: ¿y porque si Jochi Gómez aparece en el mismo expediente que Hugo Beras, sólo se procede contra éste señor dejando al ex director del Intrant dormir cómodamente en su residencia capitalina sin ser intervenida por la Pepca?(no tengo nada en contra de Hugo, pero si espero que en éste caso, como en otros, la justicia juegue su papel y se aplique la ley y los correctivos de lugar).
Una aclaración sí quiero hacer en este caso; no me interesa, no quiero jamás que se piense que con estas líneas estoy defendiendo a este señor (Dios me libre), lo que si quiero es que la carga se lleve parejo para que como dicen en el campo, «el burro no se vaya de lado».
Lo que me mueve en este caso es, saber como dije al principio, (que mi cabeza no registra una «incautación provisional») si ha habido a otro imputado una medida cautelar como esa (salvo que algún entendido en la materia me lo señale).
Otra cosa, si no es una «expropiación del inmueble en cuestión ni incautación como dijo el abogado de Jochy, Carlos Balcácer; entonces que carajo es?
Otra pregunta desde mi desconocimiento: ¿esta vivienda fue adquirida antes o después de que Gómez Canaán asumiera el contrato con el Intrant?.
Creo, que como yo, la mayoría de los dominicanos necesita una explicación con «cucharita» de éste caso para poder entender ¿Por qué a uno sí y al otro no?.
¿Por qué esta acción coincide con la adjudicación del contrato de la expedición de licencia de conducir a una empresa distinta a Dekolor, propiedad de Jochi Gómez (quien por varias décadas ostentó éste contrato)?
¿Es un ensañamiento o es solo un juego de distracción para sacar de los medios algunos temas espinosos?
