SANTO DOMINGO, RD.- El Senado de la República Dominicana ha decidido aplazar la discusión y dejar sobre la mesa el análisis de las 124 modificaciones propuestas al proyecto de Ley Orgánica que establece el nuevo Código Penal.
Estas reformas ambiciosas buscan fortalecer y endurecer las sanciones, así como ampliar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El senador Cristóbal Venerado fue el encargado de presentar estas enmiendas, que abarcan tanto aspectos de fondo como de forma.
El objetivo central es actualizar el marco jurídico para que las penas sean más acordes con la realidad social del país y garantizar una mayor protección a las víctimas, especialmente en delitos de alto impacto como el feminicidio, homicidio, sicariato y violencia intrafamiliar.
Entre los cambios más significativos, se propone modificar el artículo 73, relativo a las medidas de seguimiento sociojudicial para agresores sexuales.
Se busca eliminar la mención al “tratamiento hormonal voluntario” y, en su lugar, establecer la inscripción obligatoria de los agresores en un registro controlado por el Ministerio Público. Además, se les prohibiría trabajar en contacto directo con menores.
Las reformas también contemplan un endurecimiento de las penas por delitos graves contra la humanidad. El artículo 86, que tipifica infracciones de lesa humanidad, ahora prevé sanciones de 30 a 40 años de prisión y multas significativas.
Leer también: Cuatros combustibles aumentan, mientras que seis mantienen su precio
De manera similar, el artículo 87 sobre genocidio amplía su definición e incluye penas igualmente severas para quienes intenten destruir total o parcialmente grupos nacionales, étnicos o religiosos.
Asimismo, se redefinió el delito de desaparición forzada en el artículo 88, responsabilizando directamente a agentes del Estado o grupos autorizados que priven ilegalmente de libertad y oculten a las víctimas.
Las penas en estos casos oscilan entre 20 y 30 años de prisión, y se agravan a 30-40 años cuando la víctima es especialmente vulnerable, como niños, mujeres embarazadas o periodistas.
En cuanto a los homicidios, las reformas establecen sanciones más severas: el homicidio simple con penas de 10 a 20 años y el homicidio agravado con castigos de 20 a 30 años, junto con multas económicas.
Se añaden agravantes para quienes utilicen sustancias para disminuir la voluntad de la víctima o incumplan órdenes de protección en casos de violencia de género.
Finalmente, se aprobaron modificaciones al artículo 101 sobre la cooperación al suicidio, con penas de 4 a 10 años, que pueden aumentar a 10 a 20 años en circunstancias específicas.
Estas reformas buscan reforzar la responsabilidad penal y brindar un marco más sólido para enfrentar delitos complejos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
