Santo Domingo.-El ambientalista y activista social Enrique de León afirmó que el presidente Luis Abinader debe emitir un decreto que convierta en reserva natural la zona de la mina Los Romeros, en la provincia San Juan.
De León consideró que la reciente decisión del mandatario de paralizar las operaciones mineras “no es suficiente” para garantizar la protección de los recursos naturales y los intereses de las comunidades.
“Es necesario que por lo menos el presidente convierta su declaración en un decreto”, sostuvo durante una entrevista en un programa Matutino Su Mundo.
Propone protección legal para fuentes de agua
El ambientalista explicó que el decreto permitiría declarar el área como una zona de preservación, debido a su cercanía con nacientes de importantes fuentes hídricas.
Advirtió que no debe permitirse ningún tipo de explotación minera en lugares donde se originan corrientes de agua.
“No importa las seguridades que se ofrezcan, los riesgos son muy altos. El agua es demasiado valiosa para la vida humana y el medio ambiente”, enfatizó.
Respaldo a decisión presidencial
De León destacó que la paralización del proyecto ha sido bien recibida por la comunidad de San Juan, que ha manifestado su respaldo a la medida.
Subrayó que el reconocimiento de la “licencia social” por parte del presidente marca un precedente importante en el país.
“La soberanía reside en el pueblo. Si la población rechaza un proyecto, este no debe continuar”, indicó.
Un precedente para conflictos ambientales
El activista señaló que esta decisión podría impactar otros proyectos en conflicto, como iniciativas energéticas en zonas como Azua, Peravia y Manzanillo, donde comunidades han expresado oposición.
Afirmó que aplicar el mismo criterio obligaría a revisar múltiples iniciativas que carecen de aceptación social.
Urge una nueva ley de minería
De León insistió en la necesidad de reformar la legislación minera en la República Dominicana, para hacerla más estricta y garantizar mayores beneficios al país.
Criticó que actualmente el Estado recibe ingresos limitados frente a las ganancias de las empresas mineras, citando como ejemplo el caso de Pueblo Viejo.
“El país está muy indefenso frente a los grandes capitales. Se necesitan reglas claras, fuertes y beneficios más justos”, afirmó.
Señala debilidad institucional
El ambientalista también denunció una brecha entre lo que establecen las leyes y lo que ejecutan las autoridades.
Puede leer: Alianza entre Unapec y la FEM destaca el impacto económico del liderazgo femenino en RD
Atribuyó esta situación a la debilidad institucional y a la falta de consecuencias ante violaciones legales.
“Eso tiene que cambiar. Las violaciones deben tener consecuencias”, puntualizó.
Cuestiona impacto de proyectos mineros
De León señaló que experiencias pasadas han generado desconfianza en la población, debido a incumplimientos de empresas y decisiones cuestionadas por parte de autoridades. Aseguró que tanto las compañías como los funcionarios comparten responsabilidad en los daños ambientales registrados en zonas mineras.
En ese sentido, citó el caso de la empresa minera Barrick Gold, al afirmar que la responsabilidad por los impactos generados se reparte entre dicha compañía y las autoridades que aprobaron y respaldaron sus operaciones.
“Por un lado, Barrick Gold incumplió compromisos asumidos con las comunidades y modificó promesas previamente establecidas, en lo que se califica como una traición a los acuerdos iniciales”, dijo.
Agricultura y contaminación del agua
En relación con la contaminación de la presa de Hatillo, explicó que no se atribuye directamente a la minería, sino principalmente al uso de agroquímicos en la agricultura.
Advirtió que este modelo agrícola representa una amenaza significativa para el agua potable.
“Tenemos que cambiar el sistema agrícola hacia prácticas más naturales y sostenibles”, concluyó.
