SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, vuelve a rendir cuentas al país en un contexto marcado por contrastes.
Su discurso del 27 de febrero de 2025 presentó un balance centrado en los resultados de 2024 y una agenda de metas futuras, pero a un año de esa alocución el debate público combina cifras positivas con cuestionamientos políticos e institucionales.
La recién inaugurada Línea 2C del Metro de Santo Domingo se proyecta como uno de los logros más visibles del Gobierno, al extender el sistema ferroviario hacia Los Alcarrizos y mejorar la movilidad de miles de ciudadanos que diariamente se desplazan hacia el Distrito Nacional.
En paralelo, el Ejecutivo ha impulsado la rehabilitación y construcción de importantes carreteras, entre ellas la circunvalación de Baní, avances en la autopista Duarte con su proceso de ampliación y modernización, así como tramos intervenidos en la carretera Sánchez y la autovía del Este.
En el ámbito económico, el mandatario exhibió indicadores favorables que fortalecieron su narrativa de estabilidad: crecimiento del 5 % del PIB, récord en exportaciones e inversión extranjera y control del déficit fiscal.
A esto se sumó la reducción de la pobreza y la creación de empleos formales, datos que el Gobierno ha utilizado como sustento de su apuesta por la continuidad de las políticas macroeconómicas.
La gestión social también fue presentada como uno de los principales logros. La ampliación de subsidios estatales, la entrega de viviendas y el fortalecimiento del sistema educativo con renovación curricular, conectividad y dotación tecnológica formaron parte del paquete de avances señalados en la última rendición, junto al crecimiento del turismo y la ejecución de obras de infraestructura en distintas provincias.
En salud y seguridad, el Ejecutivo destacó la expansión de la red hospitalaria, la reducción del dengue y la disminución de la tasa de homicidios, así como el impulso a la reforma policial y el reforzamiento de la seguridad fronteriza. Estas medidas fueron enmarcadas dentro de una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida y la percepción de seguridad ciudadana.
No obstante, el balance no ha estado exento de sombras.
En el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el tema ha estado marcado por controversias tras la salida de Santiago Hazim de la dirección por presunto desfalco a la institución con otros coimputados quienes enfrentan prisión en la Cárcel Las Parras.
Este escenario ha colocado a Seguro Nacional de Salud en el centro de la discusión sobre transparencia, gestión y sostenibilidad financiera dentro del sistema de salud, convirtiéndose en uno de los puntos de “sombra” que contrastan con los logros sociales exhibidos por la actual administración.
Además del debate en torno a SeNaSa, otras situaciones han matizado el balance del Gobierno y han alimentado la narrativa de “sombras”.
Una de ellas ha sido el escrutinio sobre el programa Supérate, especialmente tras investigaciones y cuestionamientos sobre el uso de tarjetas y la focalización de beneficiarios.
En el ámbito político, episodios que involucraron a legisladores del partido oficial en casos vinculados al narcotráfico generaron impacto mediático y obligaron a pronunciamientos institucionales, afectando la imagen de transparencia que el Ejecutivo ha promovido.
A esto se suman controversias en el Ministerio de la Juventud por denuncias administrativas y cambios de dirección que provocaron cuestionamientos sobre la estabilidad de esa cartera, así como críticas al funcionamiento de algunas entidades tecnológicas y educativas por retrasos en proyectos y procesos de gestión.
Otro foco de debate ha sido la percepción de lentitud en la reforma policial y las críticas de sectores sociales por el costo de la vida, pese a los indicadores macroeconómicos favorables.
Estas situaciones, junto a la presión sobre servicios públicos y reclamos por mayor eficiencia en la ejecución del gasto, completan un panorama en el que los logros económicos y sociales conviven con retos institucionales y políticos que continúan influyendo en la evaluación pública de la gestión gubernamental.
