SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este viernes la apertura de juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, por su presunta implicación en el denominado caso Camaleón.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, tras considerar que existen suficientes elementos probatorios para que los imputados respondan ante un tribunal de fondo por los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
La investigación se centra en la adjudicación de un contrato superior a los RD$1,300 millones destinado a la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo, proceso que, según las autoridades, habría estado marcado por diversas irregularidades.
El Ministerio Público sostiene que durante la contratación se produjeron acciones que favorecieron a empresas vinculadas al entramado investigado, provocando presuntos perjuicios económicos al Estado y afectando la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Además de las acusaciones relacionadas con la contratación, los imputados enfrentan cargos por presunto fraude, sabotaje y otros delitos vinculados al sistema tecnológico utilizado para la administración del tránsito en la capital.
Las autoridades alegan que la estructura investigada habría tenido acceso a áreas sensibles de la infraestructura tecnológica encargada de controlar la red semafórica, situación que forma parte de las imputaciones presentadas en el expediente.
Con la apertura a juicio, el proceso entra en una nueva etapa judicial en la que el Ministerio Público deberá presentar formalmente las pruebas que sustentan la acusación ante el tribunal correspondiente.
Durante el juicio de fondo, tanto el órgano acusador como los abogados de la defensa tendrán la oportunidad de debatir las evidencias y exponer sus argumentos. El caso Camaleón se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años debido al monto del contrato investigado y a la naturaleza de los cargos formulados por las autoridades.
