Redacción. – Los legisladores republicanos de varios estados, que buscan apoyar la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, han amenazado con acciones legales, sanciones económicas e incluso posibles penas de prisión a los funcionarios locales que se opongan.
Este año, más de 20 estados han presentado iniciativas contra las llamadas políticas de santuario, que limitan la colaboración con las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con un análisis de Associated Press utilizando el software de seguimiento de legislación Plural.
Algunos de esos estados ya prohíben las políticas de santuario o refugio, pero ahora están proponiendo penalizar a alcaldes, concejales y otros funcionarios gubernamentales que infrinjan esta prohibición.
El objetivo, según el senador estatal republicano Blake Tillery, es proporcionar “herramientas legales a aquellos que son perjudicados por los gobiernos y funcionarios locales que no cumplen con la ley de inmigración de Georgia”. Su legislación, que permitiría demandas contra quienes implementen políticas de santuario, fue aprobada recientemente por el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Representantes estatal.
Los opositores han expresado preocupaciones de que esta medida podría llevar a que las fuerzas del orden locales retengan a inmigrantes por períodos más largos de lo que establece la ley federal, por miedo a enfrentarse a demandas.
“Estamos poniendo en riesgo a nuestros oficiales locales, que están haciendo su mejor esfuerzo para mantener seguras nuestras comunidades”, señaló la senadora estatal de Georgia, Nikki Merritt, demócrata.
A medida que surgen propuestas a nivel estatal, el gobierno de Trump también ha comenzado a emprender acciones legales contra gobiernos que han adoptado políticas que dificultan los arrestos y deportaciones por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). El Departamento de Justicia ha demandado a Illinois, Chicago y el condado Cook, acusándolos de violar la ley federal al negarse a cooperar con las autoridades migratorias.
Acciones legales para hacer cumplir las leyes contra el refugio
Una ley de Georgia aprobada el año pasado ya exige que las fuerzas del orden locales cooperen con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes indocumentados, o de lo contrario perderán fondos estatales y enfrentarán cargos menores. La legislación recientemente aprobada por el Senado estatal refuerza esta medida, permitiendo demandas contra gobiernos locales, funcionarios y empleados por violar la prohibición.
Inmigrantes y defensores en Georgia temen que esta legislación, de ser aprobada, pueda aumentar el temor en las comunidades ya preocupadas por los arrestos de ICE en hogares, iglesias o escuelas.
“Esto forma parte de la guerra de Donald Trump contra los inmigrantes. Los gobiernos locales intentan ganar su favor con una legislación que no resuelve ningún problema”, declaró Charles Kuck, un abogado de inmigración en Atlanta que se opone a la propuesta.
Mike Mitchell, director ejecutivo adjunto de la Asociación de Jefes de Policía de Georgia, señaló que la organización tiene una posición “neutral” sobre el proyecto de ley, pero indicó que los jefes de policía de condado ya están cumpliendo con la ley de inmigración.
Luisiana aprobó una ley el año pasado que obliga a las agencias de seguridad a “hacer el mejor esfuerzo” para cumplir con la ley federal de inmigración. A principios de este mes, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la policía de Nueva Orleans, acusándola de violar la prohibición estatal sobre políticas de santuario.
La policía de Orleans Parish rechaza las solicitudes de ICE para prolongar la detención de personas, salvo en casos de cargos graves como asesinato, violación o secuestro, de acuerdo con una política de 2013 implementada bajo un fallo judicial. La demanda de la fiscal general busca anular esta orden judicial.
La policía local también limita la información compartida con ICE y evita que los agentes federales ingresen a sus instalaciones sin orden judicial o entrevisten a detenidos sin un abogado presente.
En respuesta, la policía de Orleans Parish señaló que “cumple con todas las leyes estatales aplicables y órdenes judiciales válidas relacionadas con los detenidos de ICE”.
Multas y penas de prisión
La primera ley firmada por el gobernador republicano Larry Rhoden de Dakota del Sur tras asumir el cargo fue una medida antisantuario. Esta ley prohíbe que los gobiernos estatales y locales restrinjan la comunicación con funcionarios federales sobre el estatus migratorio, aunque no incluye sanciones.
Otros estados han ido más allá. Una ley reciente de inmigración firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, exige que el fiscal general tome acciones legales contra gobiernos locales que se nieguen a cumplir con las solicitudes federales para detener inmigrantes indocumentados.
Los funcionarios locales que violen deliberadamente la prohibición de las políticas de santuario pueden enfrentar multas de hasta 5,000 dólares.
Tennessee ha aprobado una ley que suspende los fondos de desarrollo económico estatal a los gobiernos locales que infrinjan la prohibición de las políticas de santuario.
Una nueva ley firmada por el gobernador Bill Lee refuerza esto, imponiendo cargos penales de hasta seis años de prisión a los funcionarios locales que apoyen estas políticas. Sin embargo, los abogados legislativos han señalado que tales sanciones podrían ser inconstitucionales debido a las protecciones legales que tienen los funcionarios electos en el ejercicio de sus funciones.
En Wyoming, una legislación aprobada por la Cámara de Representantes y actualmente pendiente en el Senado no solo prohibiría las políticas de santuario, sino que también impediría que los ciudadanos las propusieran a través de iniciativas populares.
Esta medida incluye duras sanciones, como la retención de fondos estatales para los gobiernos locales que implementen estas políticas, y cargos penales con penas de cinco a diez años de prisión y multas de hasta 20,000 dólares para funcionarios locales que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias.
El representante estatal republicano Joel Guggenmos reconoció que no existen jurisdicciones de santuario en Wyoming, pero argumentó que la propuesta busca prevenir futuros problemas, como los que están surgiendo en otros estados.
Por su parte, los legisladores de Nueva Hampshire han avanzado dos proyectos de ley que apuntan a las políticas de santuario. Un proyecto de ley del Senado permitiría al fiscal general demandar a los gobiernos locales que prohíban la aplicación de las leyes federales de inmigración, con sanciones de hasta el 25% de sus fondos estatales.
El proyecto de ley de la Cámara omite la multa, pero establece directrices detalladas para que los gobiernos locales cooperen con las autoridades federales de inmigración.
