MADRID.- Según la petición de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, Vanshelboim, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y, posteriormente, como director ejecutivo de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación de dicho organismo, recibió de un ciudadano de Reino Unido, «con quien actuaba de común acuerdo», dos millones de dólares a cambio de subvenciones y préstamos para distintos proyectos.
En tal concepto las entidades vinculadas a esa persona recibieron «cuantiosas subvenciones y préstamos que no estaban debidamente garantizados» por unos 60 millones dólares, «que dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon», y después hicieron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por Vanshelboim con la finalidad de aflorarlos.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Emilio Miró, expuso que se cumplen los requisitos previstos para acceder a la entrega y rebatió la invocación de la causa de persecución política señalando que no es suficiente si no está documentada. Tampoco consideró el argumento de la inmunidad invocada.
La Audiencia Nacional española es la encargada de decidir sobre las peticiones de extradición a Españ
El exdirectivo de la ONU Vitaly Vanshelboim, reclamado por Estados Unidos por apropiarse presuntamente de 60 millones de dólares a través de su cargo en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), alegó que es víctima de una persecución política y que teme por su vida si es entregado.
También, dijo, que se debe a que el ciudadano británico con el que supuestamente cometió los hechos de los que se le acusa está vinculado a un socio del presidente Donald Trump: «Y algunos piensan que, porque yo conozco a esa gente soy partidario de Trump, pero no es verdad», relató.
Explicó además que los hechos se habrían cometido en todo caso en Dinamarca, sede de la oficina de UNOPS en la que trabajó antes de su cese, por lo que, a su juicio, el Tribunal de Nueva York que pidió su detención no sería competente para investigarle, además de apuntar que por el cargo que ostentaba cuenta con inmunidad diplomática que estaría vigente para los hechos de los que se le acusa.
Él y su abogado también incidieron en que UNOPS es la única «oficina autofinanciada» de la ONU, lo que significa que ningún país puede contribuir en su presupuesto, que se nutre de otro tipo de inversiones, por lo que tampoco se habría visto comprometido patrimonio de EE.UU.
A todo esto añadió que la directora ejecutiva de UNOPS fue quien firmó las inversiones en los nueve países que se investigan -países del Caribe, México, Ghana, India y Kenya- y que no hay ninguna prueba de que el reclamado la sometiera a presiones para que firmara, como sostiene la Justicia estadounidense, sino que lo único que él hizo fue dar su opinión sobre ellas.
Según la petición de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, Vanshelboim, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y, posteriormente, como director ejecutivo de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación de dicho organismo, recibió de un ciudadano de Reino Unido, «con quien actuaba de común acuerdo», dos millones de dólares a cambio de subvenciones y préstamos para distintos proyectos.
En tal concepto las entidades vinculadas a esa persona recibieron «cuantiosas subvenciones y préstamos que no estaban debidamente garantizados» por unos 60 millones dólares, «que dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon», y después hicieron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por Vanshelboim con la finalidad de aflorarlos.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Emilio Miró, expuso que se cumplen los requisitos previstos para acceder a la entrega y rebatió la invocación de la causa de persecución política señalando que no es suficiente si no está documentada. Tampoco consideró el argumento de la inmunidad invocada.
La Audiencia Nacional española es la encargada de decidir sobre las peticiones de extradición a España.
