Santo Domingo.- Nuevos testimonios incluidos en el expediente del Ministerio Público señalan que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, habría ignorado advertencias de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y favorecido a ciertos prestadores de servicios médicos, entre ellos la Clínica Cruz Jiminián, en medio del caso de presunto fraude superior a RD$15,000 millones contra la institución.
Según la solicitud de medida de coerción presentada en el marco de la denominada “Operación Cobra”, Hazim habría rechazado la cancelación de contratos cuestionados por la Sisalril por presunta “mala calidad del gasto”. El exgerente del SeNaSa, Jaime Miguel Licairac Hernández, declaró que las advertencias para rescindir dichos contratos, emitidas en enero y febrero de este año, fueron desatendidas por Hazim.
“El de Jiminián yo no lo voy a tocar; que la Sisalril se emburuje con Cruz Jiminián”, habría sido la respuesta atribuida a Hazim, según consta en la declaración jurada citada por el Ministerio Público. Licairac Hernández agregó que presentó su renuncia debido a la negativa del exdirector a reconocer pérdidas acumuladas del SeNaSa que superaban los RD$2,600 millones según los estados financieros.
Otro testimonio relevante es el de Roberto Canaán Acta, vinculado al círculo cercano de Hazim. Según la acusación, Canaán confesó haber entregado personalmente RD$10 millones en efectivo al exdirector del SeNaSa, dinero presuntamente aportado por Osman Andrés, hijo del propietario del Centro Médico Elohim, con fines relacionados a la campaña política de 2024.
Canaán también detalló el funcionamiento del Comité de Contrataciones Médicas, indicando que decisiones importantes eran avaladas mediante señales de una asistente directa de la dirección y que existía un círculo íntimo de influencia, identificado con apodos y vinculado a empresas bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que estas declaraciones evidencian la existencia de una red de influencia sobre órganos reguladores del sistema de seguridad social, incluyendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Sisalril.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha reiterado que la investigación sigue abierta y que más personas podrían ser llevadas a la justicia, con el objetivo de esclarecer los hechos y recuperar los fondos presuntamente desviados.
Hasta el momento, además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Eduardo Read, Cinty Acosta, Ramón Speakler, Ada Ledesma, Heidi Pineda y Rafael Luis Martínez. El proceso judicial se encuentra activo, mientras el Ministerio Público avanza con la segunda etapa de la investigación, conocida internamente como “Senasa 2.0”.
