Santo Domingo.— Los familiares de las 12 personas que aún permanecen desaparecidas tras la explosión ocurrida el lunes 14 de agosto del 2023 en el centro de San Cristóbal protestaron este viernes frente a la Procuraduría General de la República para exigir respuestas concretas sobre el paradero de sus parientes y el avance de las investigaciones.
Los manifestantes denunciaron que han transcurrido cinco meses desde que la Comisión de los Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad depositaron una instancia formal ante el Ministerio Público, acompañada según afirman de pruebas técnicas que cuestionan la versión oficial sobre el origen de la tragedia. Aseguran que, hasta la fecha, no han recibido respuesta ni se ha puesto en movimiento la acción pública.
La explosión, registrada en la zona de Sacromonte, dejó más de 40 fallecidos, decenas de heridos y al menos una docena de desaparecidos, cuyos restos no han sido localizados ni identificados oficialmente.
Durante la manifestación, los familiares expresaron que la falta de información constituye una vulneración a los derechos de las víctimas. Indicaron que la instancia depositada incluye análisis técnicos y cuestionamientos a los resultados presentados inicialmente por las autoridades, incluyendo aspectos vinculados a la investigación realizada por organismos de socorro.
“Ni siquiera han contestado la instancia que fue debidamente argumentada y sustentada con documentación técnica”, expresó uno de los voceros, quien señaló que la inacción genera desconfianza y prolonga el sufrimiento de las familias.
Entre los presentes estuvo un integrante de la Comisión de la Verdad que perdió a su hermano, Juan Mateo Casilla, uno de los desaparecidos. El familiar afirmó que, más allá de trámites legales, lo que reclaman es conocer qué ocurrió y dónde están sus parientes.
Los manifestantes también recordaron que impulsaron un proyecto de ley para agilizar la declaración legal de fallecimiento en casos de catástrofes, debido a que la normativa vigente establece un plazo de hasta cinco años para declarar muerto a un desaparecido. Explicaron que esa medida buscaba facilitar la emisión de actas de defunción y permitir procesos legales pendientes, como sucesiones y trámites bancarios.
No obstante, subrayaron que la emisión de documentos no sustituye la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
Los familiares atribuyen la tardanza a un posible interés en proteger a los responsables de la explosión, aunque no presentaron pruebas públicas adicionales durante la protesta. Reiteraron que continuarán acudiendo a las instancias correspondientes hasta obtener respuestas.
La manifestación se desarrolló de manera pacífica, bajo vigilancia policial. Mientras tanto, las familias insisten en que el caso no puede considerarse cerrado mientras los 12 desaparecidos no aparezcan y no se determinen responsabilidades claras por una de las tragedias más impactantes registradas en el país en los últimos años.
