jueves, septiembre 18, 2025
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Familiares de joven fallecida en Vacacional de Haina exige justicia ante las autoridades

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Redacción. – Los familiares de Ellen Frances Hulett, también conocida como Ezra, una joven trans de 24 años, fallecida el pasado 23 de junio en el Centro de Retención Migratoria de Haina, República Dominicana, exigen justicia y explicaciones sobre las circunstancias que rodearon su muerte, las cuales califican como “horribles e inhumanas”.

A través de una campaña en GoFundMe titulada “Ayúdanos a traer a Ezra a casa y a buscar la verdad”, sus seres queridos solicitan apoyo económico para repatriar el cuerpo a Estados Unidos, realizar una segunda autopsia independiente y cubrir los servicios legales necesarios.

“Ezra tenía un alma dulce, una presencia serena y una mente extraordinaria. Era profundamente compasiva, sensible y brillante: alguien que transitaba el mundo con una bondad silenciosa”, compartió su familia en la publicación.

Una vida marcada por la lucha

Ezra nació en Albany, Nueva York, creció en Clifton Park y estudió con una beca en la escuela Emma Willard, en Troy. Según su familia, vivía con condiciones significativas de salud mental derivadas de traumas en la infancia. Fue reportada como desaparecida en Puerto Rico en marzo de este año y, más tarde, detenida en República Dominicana presuntamente por no portar documentación.

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Durante su detención, las autoridades reconocieron que se encontraba en un evidente estado de crisis psicológica asustada, desorientada y con un discurso incoherente pero, en vez de proporcionarle atención médica urgente o contactar a su familia o a la embajada de EE. UU., fue retenida por más de dos meses en condiciones que califican de “bárbaras”.

Detención prolongada e irregularidades

La familia denuncia que Ezra fue mantenida inicialmente en el área masculina del centro de detención, y solo fue trasladada a la sección femenina durante las últimas dos semanas de su vida.

Un defensor de derechos humanos, el abogado Carlos Sánchez, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, fue quien conoció del caso y actuó de manera voluntaria para ayudar a identificarla y presentar una solicitud de habeas corpus con el fin de impugnar su detención, solicitar atención médica y garantizar sus derechos básicos.

Sin embargo, Ezra fue hallada muerta el 23 de junio.

“Su muerte, al igual que su detención, fue completamente prevenible y profundamente injusta. Estamos con el corazón roto. Estamos de duelo. Y buscamos respuestas”, expresó su familia.

Exigen repatriación y segunda autopsia

La campaña de recaudación tiene como objetivo reunir entre $25,000 y $45,000 dólares para cubrir los costos de repatriación, transporte, autopsia independiente y representación legal especializada en derechos humanos. Hasta la fecha, han recolectado $7,681 a través de 110 donaciones.

Advirtieron que si no se confirma pronto la repatriación, las autoridades dominicanas procederán con la cremación del cuerpo, lo que implicaría la pérdida irreversible de evidencia vital.

¿Por qué importa este caso?

Los familiares enfatizan que Ezra murió sin recibir asistencia médica, sin representación legal efectiva, sin acceso a traductores ni contacto con su familia o su embajada, en un centro denunciado por hacinamiento, condiciones insalubres y corrupción.

“Su fallecimiento ocurrió en un entorno donde nadie hablaba su idioma, no recibió medicamentos ni ayuda psicológica, y fue despojada de sus derechos básicos. Esto no puede pasar desapercibido”, afirmaron.

Respuesta oficial de las autoridades dominicanas

La Dirección General de Migración (DGM) confirmó el fallecimiento el 24 de junio, indicando que Ezra fue detenida a finales de abril por la Policía Turística en la región Este del país por no portar documentación. Según la DGM, se desconocía su identidad hasta el 18 de junio, cuando fue reconocida mediante tecnología de reconocimiento facial.

De acuerdo con el comunicado, Ezra no presentaba signos de violencia física, y su caso está bajo investigación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que realiza la autopsia oficial.

La institución expresó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la transparencia, aunque su versión contrasta fuertemente con las denuncias realizadas por la familia.

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