Redacción. – El activista social Fernando Peña aseguró que la empresa minera Barrick Gold, ha depositado alrededor de 240 millones de toneladas de lodo tóxico en Pueblo Viejo, por lo que no se le puede permitir construir una nueva presa de Cola de la que ya existe.
“Esa presa aún no existe, está mal diseñada y los documentos están en inglés, incompletos. ¿Sabe cuántas toneladas de lodo tóxico hay ahora en la actual? 240 millones. Si ocurre una catástrofe natural, estas comunidades serían barridas hasta la costa atlántica”, advirtió.
Peña aseguró que estas acciones representan una amenaza directa a la vida de cientos de familias y calificó la explotación como “ilegal, irregular y estructurada sobre un contrato estafa”.
Para Grupo Multimedios Su Mundo, el activista expresó que “aquí se lucha por vida digna, por respeto a derechos, contra la muerte”. Aseguró que las comunidades afectadas, entre ellas El Naranjo, La Laguna, La Cerca, Jurungo, Jobo Claro y La Piñita, han sido ignoradas por el actual gobierno pese a un censo oficial realizado hace ocho años, financiado por el Estado, que determinó la necesidad de deslocalizar 450 familias.
Asimismo, arremetió contra el gobierno del presidente Luis Abinader y sus funcionarios, señalando que “desde que llegaron al poder se rindieron a Barrick Gold y han impedido la reubicación de estas comunidades, a pesar de haberlo prometido cuando eran oposición”.
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Además, denunció que la minera y las autoridades están impulsando la construcción de una nueva presa de cola llamada TCF Naranjo, la cual según afirma triplicaría el tamaño de la actual sin contar con estudios de suelo concluyentes ni documentación adecuada.
También responsabilizó a administraciones pasadas por haber firmado un contrato “que los propios legisladores admitieron no haber leído” y que permitió a Barrick explotar oro de sulfuro “en violación a la legislación ambiental, minera y a convenios internacionales”.
Finalmente, llamó a la comunidad nacional e internacional a no dejarse engañar por el falso debate entre reubicación o continuidad de la minera, asegurando que el verdadero problema es “un modelo de explotación que viola derechos humanos y ambientales básicos”.
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