Santo Domingo. El coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Fernando Peña, afirmó que los organismos de inteligencia militar como el J2 responden directamente al ministro de Defensa, dentro de una cadena de mando que incluye al presidente de la República.
“Es un órgano que no actúa al margen del ministro de Defensa, y el ministro tampoco actúa al margen del presidente de la República, porque hay una cadena de mando obligada”, sostuvo Peña durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
Peña explicó que el J2 realiza labores de contrainteligencia dentro de las propias Fuerzas Armadas y que sus acciones deben ser cuidadosamente examinadas cuando tienen repercusión política. “Parecería como que esas cosas, tal y como ustedes decían, no estaban supuestas a repetirse”, indicó.
Un país militarizado y democracias falsas
Peña aseguró que la República Dominicana es un país “militarizado” y que los gobiernos democráticos han promovido un crecimiento progresivo de la influencia militar en la sociedad civil. Recordó la creación del C-5i durante la pandemia, cuando los problemas de salud se manejaban desde el Ministerio de Defensa.
“Aquí todos los problemas se resuelven con guardia, incluyendo la pandemia. Desde el Ministerio de Defensa se manejaban incluso temas de salud pública”, señaló.
Indicó que en múltiples ministerios y dependencias estatales se encuentran tropas militares operando funciones civiles, lo que evidencia una militarización institucional que se arrastra desde la era trujillista. “En este país no se ha desmontado el trujillismo y el sobrepeso militar sigue teniendo gravitación”, afirmó.
“Las sociedades viven democracias falsas. Cada vez que pueden, los grupos de poder promueven el autoritarismo bajo el disfraz de democracia”, explicó.
Afirmó que la Policía Nacional actúa como un cuerpo armado y no como una entidad civil, lo que refuerza la militarización de la sociedad.
Entrega de armas y hostigamiento previo
El coordinador del Observatorio relató que, durante el gobierno de Hipólito Mejía, el entonces ministro de Defensa, general Soto Jiménez, le entregó armas como medida de seguridad, tras amenazas en su contra.
“Esas armas estuvieron en manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Conservo una escopeta y una pistola que no uso desde hace años y ya había decidido devolverlas”, explicó.
Añadió que días antes del operativo, había sido contactado por un oficial del J2 a título personal, a quien prometió pasar por las oficinas correspondientes, reiterando que su domicilio y paradero son públicos y conocidos.
Intento de apresamiento en la UASD
Peña denunció que miembros del J2 intentaron ingresar al recinto de la UASD para detenerlo, violando el fuero universitario. Aseguró que el operativo fue una acción coordinada, ya que había vigilancia y presencia en los cuatro costados del edificio del Observatorio.
“No me llamaron ni me notificaron. Entraron sin mediar palabra. Iban a apresarme. Luego, ofrecieron disculpas, pero violaron el fuero universitario. Eso no puede quedar así”, denunció.
Peña destacó que no puedo decir que el presidente ordenó, ni puedo decir que el ministro ordenó.
Yo sí puedo decir que un equipo del J2 penetró a la UASD en condiciones ofensivas, violatorias, agresivas, evidentes, desproporcionadas y arrogantes. Una incursión así, con chalecos antibalas, dos camionetas sin placa… eso no es una acción fortuita. Eso no se le ocurre a un “capitancito”. Eso tuvo que tener una decisión.
Reveló El jefe del J2 es hijo del que dirige la Refinería Dominicana de Petróleo. Es también el dueño del Centro Económico del Cibao, el encuestador, Aguirre Trujillo. Y lo menciono como referencia para que la gente lo ubique y entienda que nada de esto es casual. En política no hay casualidades.
Quizás no fue el presidente, quizás no fue el ministro de Defensa, pero si después de un hecho como ese, Aguirre Trujillo no está en su casa, sancionado o bajo medida alguna, es porque quien lo dirige tiene algún tipo de conocimiento o, al menos, una actitud de perdón.
Para que exista respuesta institucional del Estado, se debe señalar con claridad de dónde vino esa acción. ¿Yo digo que vino de Aguirre Trujillo? No. Lo que digo es que él es el jefe del J2, y sus subalternos cometieron un hecho de impacto nacional e internacional. ¿Se puede hacer eso sin que él lo sepa?
Lo normal es que no. O, de lo contrario, las cosas andan peor. Entonces, aquí no hay seguridad ciudadana, ni hay “santo” de qué agarrarse. Porque si cualquiera actúa como le da la gana, al margen de sus superiores, este país está sumido en el desorden.
Vamos a ubicarnos, porque no somos niños. Si ese equipo actuó sin un mandato preciso del director del J2, y si el jefe del J2 no le informó al ministro de Defensa, ese señor debería estar destituido.
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Reveló que había notificado previamente a oficiales de su intención de devolver las armas que le fueron asignadas durante el gobierno de Hipólito Mejía para su seguridad personal. Sin embargo, consideró que la forma en que se ejecutó el operativo fue innecesaria y violatoria de la autonomía universitaria.
Peña lamentó que, pese a la gravedad del hecho, la UASD no ha fijado posición institucional. “La universidad tiene que sentar un precedente.”
Persecución por denunciar a Barrick Gold
Fernando Peña aseguró que el intento de apresamiento es una represalia por su participación activa en las denuncias contra la empresa minera Barrick Gold. Indicó que se ha querido desviar la atención de la opinión pública, enfocándola en él y no en los cuestionamientos a la minera.
“Esto es parte de un plan para desacreditar y desviar la opinión. El objetivo real es silenciar la protesta contra Barrick Gold”, afirmó. Recordó que se han presentado denuncias internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el movimiento continuará con una marcha nacional en Cotuí el 10 de agosto.
Peña afirmó que el gobierno está nervioso ante el crecimiento de la movilización contra Barrick Gold y que no logrará intimidarlo. “El miedo se fue en el baúl donde metieron a Trujillo. A mí no me van a meter miedo con eso”, concluyó.
Acción internacional y protesta ciudadana
Peña afirmó que junto a otras instituciones ha sometido a Barrick Gold ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha presentado denuncias en Canadá, Suiza, Senegal, París y Perú.
“Estamos en un proceso que implica llegar a las puertas de sus inversiones en bolsa para demostrar que mienten y que explotan desproporcionadamente a nuestras comunidades”, afirmó.
Anunció que el próximo 10 de agosto se realizará una marcha en Cotuí como parte del Congreso Nacional Ciudadano por el Agua y la Vida, con la participación de amplios sectores de la sociedad civil.
Entrega de armas y hostigamiento previo
El coordinador del Observatorio relató que, durante el gobierno de Hipólito Mejía, el entonces ministro de Defensa, general Soto Jiménez, le entregó armas como medida de seguridad, tras amenazas en su contra.
“Esas armas estuvieron en manos de miembros de las Fuerzas Armadas. Conservo una escopeta y una pistola que no uso desde hace años y ya había decidido devolverlas”, explicó.
Añadió que días antes del operativo, había sido contactado por un oficial del J2 a título personal, a quien prometió pasar por las oficinas correspondientes, reiterando que su domicilio y paradero son públicos y conocidos.
“A mí no me van a meter miedo”
Finalmente, Fernando Peña dejó claro que no permitirá ser intimidado por presiones ni acciones de fuerza.
“El miedo en este país se fue en el baúl donde metieron a Trujillo. A mí no me van a meter miedo con eso”, sentenció.
