Santo Domingo. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este martes sobre varios aspectos del proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, los cuales según señaló podrían generar efectos adversos si no son corregidos oportunamente.
En un comunicado, la entidad expresó su preocupación por disposiciones que afectarían la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial, por lo que llamó a una reformulación sustancial del texto antes de su aprobación definitiva.
Puntos críticos señalados por Finjus:
1. Falta de diferenciación entre tipos de alquileres
Finjus considera inadecuado que el proyecto no distinga entre alquileres habitacionales y aquellos con fines comerciales, industriales o turísticos, lo cual “afecta la inversión y la libertad contractual”. Recomienda que la ley se enfoque exclusivamente en el alquiler de viviendas.
2. Restricciones a la autonomía de las partes
El proyecto impone reglas que limitan el margen de negociación, como fijar por ley el destino del inmueble o establecer topes automáticos al reajuste del precio del alquiler. También se imponen cargas al propietario sin acuerdo previo, lo que distorsiona el equilibrio contractual.
3. Ambigüedades jurídicas y vacíos conceptuales
La ley introduce conceptos como “abandono” sin definirlos con precisión y establece requisitos para la finalización del contrato que contradicen normas básicas del derecho civil. Esto puede generar inseguridad jurídica y litigios innecesarios.
4. Procesos judiciales desiguales y vacíos en la ejecución de garantías
El proyecto crea procedimientos distintos para viviendas y comercios sin justificación técnica, y no aclara qué sucede cuando una garantía está sujeta a embargo. Finjus pide establecer un protocolo claro para la ejecución de depósitos y la prelación de créditos.
Conclusión:
Finjus insta al Congreso a revisar el proyecto con mayor profundidad, a fin de garantizar una ley equilibrada, técnicamente sólida y que no comprometa el funcionamiento del sistema judicial ni los derechos fundamentales de propietarios e inquilinos.
