Santo Domingo. – La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, cuestionó duramente la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo el pasado 8 de abril dejó 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Ramos manifestó su inconformidad a través de un comunicado en redes sociales, asegurando que la medida judicial “deja un profundo sabor a injusticia”, especialmente ante lo que considera una investigación “exhaustiva y bien fundamentada” por parte del Ministerio Público.
“Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, expresó la fiscal.
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La representante del Ministerio Público defendió la solicitud inicial de prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat, indicando que esas medidas eran proporcionales a la gravedad de los hechos, y representaban un intento legítimo de garantizar justicia en nombre de las víctimas, los heridos y los más de 130 niños que quedaron huérfanos tras la tragedia.
El caso fue declarado complejo por el tribunal, pero la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, favoreció a los imputados con una garantía económica de 50 millones de pesos a cada uno, mediante aseguradora, junto a las otras medidas.
Ministerio Público anuncia apelación
El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, también expresó su desacuerdo con la decisión judicial, calificándola como una “burla a las víctimas”. Camacho anunció que el órgano persecutor apelará la medida dictada contra los hermanos Espaillat.
“Vamos a apelar esta decisión”, sentenció Camacho, al tiempo que reiteró que la magnitud de la tragedia exige una respuesta acorde del sistema judicial dominicano.
El proceso legal contra los propietarios de Jet Set ha despertado un amplio interés público y generado opiniones divididas, mientras las familias afectadas esperan que se haga justicia en una de las mayores catástrofes ocurridas en un centro de entretenimiento del país.
