viernes, marzo 21, 2025

Fiscales de Puerto Plata se unen a paro nacional en reclamo de mejores condiciones laborales

Puerto Plata.- Los fiscales de Puerto Plata se sumaron al paro laboral convocado a nivel nacional este lunes 2 de diciembre, desde las 8:00 AM hasta las 4:40 PM, en una jornada organizada por la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM). La protesta tiene como objetivo exigir al Gobierno respuestas ante demandas de mejoras laborales y presupuestarias.

El movimiento surge como reacción al incumplimiento de la Ley 133-11, de una sentencia del Tribunal Administrativo y de resoluciones emitidas por el Consejo Superior del Ministerio Público. Los fiscales de Puerto Plata manifestaron su respaldo al paro, enfatizando la necesidad urgente de que el Poder Ejecutivo asuma su papel para resolver la crisis que enfrenta el sistema de justicia mediante una asignación presupuestaria adecuada.

Crisis presupuestaria afecta el sistema judicial

La precariedad financiera impacta directamente en las condiciones de trabajo de los fiscales y en la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. Esto genera atrasos en los procesos judiciales y erosiona la confianza pública en el sistema judicial.

“Sin un presupuesto suficiente, no podemos garantizar una justicia eficiente y accesible para todos”, afirmó Andrés Comas, representante de FISCALDOM. “La falta de recursos compromete tanto nuestro desempeño como los derechos de las personas que buscan justicia”.

Compromiso con los casos urgentes

A pesar del paro, los fiscales han asegurado que continuarán atendiendo casos urgentes o con plazos legales perentorios, minimizando el impacto de la medida en la población. Recalcaron que esta acción busca no solo reivindicar sus derechos laborales, sino también fortalecer un sistema de justicia funcional y accesible.

FISCALDOM reiteró su llamado al diálogo con las autoridades y exigió la asignación del 1.43% del presupuesto nacional, conforme lo estipula la Ley 194-04, como única solución para superar la actual crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial.

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