El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue llamado a juicio por “manipulación de testigos” en investigación sobre su participación de grupos paramilitares, condenados por crímenes de lesa humanidad.
“A partir de la evidencia (…) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”, indicó la Fiscalía, sin precisar cuándo iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un expresidente.
Uribe, de 71 años y quien siempre ha defendido su inocencia, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.
Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas de izquierda.
Cepeda, víctima acusada de los delitos del acusador
Pero la Corte Suprema no solo concluyó que las acusaciones contra Cepeda no tenían asidero, sino que comenzó a investigar al hoy expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos.
Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso.
Cepeda recibió el llamado a juicio “con mucha serenidad, pero también satisfacción”, dijo a la televisora estatal RTVC. “Es más de una década, prácticamente 12 años, de estar luchando frente a los tribunales de justicia (…) luego de tantos intentos por cerrar este caso, pues al final aparece la voz de la justicia”, añadió el senador.
El mandatario, muy popular por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas, no ha reaccionado a su llamado a juicio, una decisión que había anticipado desde octubre de 2023.
