SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP), denunció este jueves la existencia de un presunto esquema de irregularidades dentro del Ministerio de Medio Ambiente, relacionado con la emisión masiva y supuestamente discrecional de permisos y licencias ambientales. La organización política solicitó una auditoría forense a la Cámara de Cuentas para esclarecer el proceso.
La denuncia fue presentada en rueda de prensa por Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP, quien afirmó que la actual gestión, encabezada por el ministro Paíno Henríquez, estaría aprobando un número “anómalo” de licencias en un tiempo insuficiente para cumplir los procedimientos establecidos por la Ley 64-00 y su reglamento de autorizaciones ambientales.
Según Abreu, el ministro ha declarado la aprobación de más de 6,000 licencias ambientales en 11 meses, una cifra que la Fuerza del Pueblo calificó como “técnicamente imposible” para la capacidad operativa del Ministerio. Esto, advirtió, podría indicar fallas graves en el proceso de evaluación o, en el peor de los casos, la existencia de un mecanismo paralelo de aprobación acelerada.
La organización política señaló que circulan versiones sobre presuntos intermediarios o “agentes” que gestionarían permisos a cambio de pagos adicionales. Aunque afirmó no tener pruebas concluyentes, FP aseguró que estos señalamientos ameritan una investigación independiente por parte de los órganos de control del Estado.
En su documento oficial, la FP sostuvo que el Ministerio habría reducido los controles del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), instrumento central para prevenir daños ecológicos derivados de proyectos de alto riesgo. Según Abreu, la institución habría priorizado la cantidad de licencias emitidas por encima del análisis técnico y la sostenibilidad.
La denuncia también cuestiona cifras presentadas por el ministro Henríquez respecto a la cobertura boscosa del país y al monto declarado de las importaciones de madera, señalando discrepancias entre los datos oficiales y los estudios disponibles.
Otro punto planteado por la Fuerza del Pueblo es el deterioro de la estructura de vigilancia en las áreas protegidas. Aseguran que parte del personal de guardaparques “no opera realmente en el terreno” y que quienes sí cumplen funciones carecen de recursos básicos, debilitando la capacidad de control ambiental del Estado.
Durante la rueda de prensa, Abreu recordó el precedente del caso SeNaSa, denunciado inicialmente por FP y posteriormente confirmado por las autoridades judiciales con arrestos de exfuncionarios. Aseguró que este nuevo señalamiento exige la misma atención de los órganos de control.
La organización solicitó formalmente que la Cámara de Cuentas y la Oficina de Ética Pública auditen el proceso de otorgamiento de licencias y permisos ambientales, ante lo que consideran señales preocupantes de debilitamiento institucional y riesgo para la política ambiental del país.
