Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo planteó este lunes la necesidad de realizar una auditoría forense internacional al Seguro Nacional de Salud (SENASA) y de establecer un proceso de reparación integral para los afiliados que hayan resultado afectados por irregularidades en la entidad.
La organización considera imprescindible una respuesta institucional que restablezca la confianza ciudadana y garantice justicia frente a lo que define como una grave vulneración de derechos fundamentales y un riesgo para la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
En un documento público, la Secretaría de Seguridad Social del partido advirtió que el impacto del esquema de corrupción atribuido a la ARS estatal requiere acciones más amplias que medidas judiciales puntuales o la recuperación parcial de fondos. Su titular, Fernando Caamaño, señaló que el daño causado “a una gran parte de la población afiliada” no se repara únicamente con sanciones penales a algunos implicados ni con la devolución de una fracción de los recursos presuntamente desviados.
Caamaño recordó que desde 2021 la organización ha denunciado la falta de transparencia en el manejo del SENASA y que, pese a advertencias reiteradas —incluidas ruedas de prensa celebradas meses atrás—, las autoridades aseguraron durante largo tiempo que no existía ninguna situación crítica. Indicó que, finalmente, las evidencias de irregularidades en contratos suscritos desde 2020 generaron alarma social y obligaron al Gobierno a remitir el caso a la Procuraduría.
El partido cuestionó que el Poder Ejecutivo intente desligarse del origen de los hechos y sostuvo que la trama estuvo vinculada a intereses políticos y electorales relacionados con el proceso comicial de 2024. En ese contexto, demandó que la comisión consultiva creada para el SENASA responda, caso por caso, a los afiliados que hayan sufrido afectaciones en su salud o pérdidas familiares, garantizando mecanismos de compensación transparentes.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo pidió restituir plenamente las atribuciones del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), conforme a la Ley 87-01, para asegurar un adecuado ordenamiento y supervisión del régimen subsidiado y evitar distorsiones administrativas que permitieron la operación del entramado.
También solicitó la contratación de una firma internacional, seleccionada mediante licitación pública, para auditar de forma forense todas las erogaciones realizadas por la dirección del SENASA entre 2020 y diciembre de 2025, así como la publicación de los hallazgos y la devolución íntegra de los recursos que sean recuperados.
Al concluir, Caamaño afirmó que la organización mantendrá una vigilancia activa durante el año 2026 para asegurar que estas exigencias se cumplan, al tiempo que sostuvo que “el SENASA no puede seguir siendo botín de ningún gobierno ni de quienes pretendan gobernar a costa de la salud y la dignidad de los sectores más vulnerables del país”.
