Santo Domingo. – La Fundación Primero Justicia presentó formalmente al Congreso Nacional su oposición al Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, el cual contempla un aumento de impuestos que, según la organización, afectaría principalmente a los sectores más vulnerables de la población, como los pobres y la clase media. La Fundación argumenta que este aumento impositivo busca cubrir el déficit fiscal generado por el descontrol y despilfarro en el gasto público.
En su declaración, la Fundación enfatiza que no se debería aprobar ningún tipo de incremento impositivo mientras no existan leyes que garanticen la eficiencia y disciplina en la inversión pública, ya que de lo contrario, el país seguiría enfrentando los mismos problemas de déficit fiscal.
Entre las propuestas que la Fundación considera cruciales para sanear las finanzas públicas se encuentran:
a) Consagrar por Ley un tope mínimo de un 30% de gastos de Capital, y un máximo de un 60% en gastos corriente, con pena de 5 años a quien incumplan con dichos topes.
b) Consagrar por Ley la austeridad en gasto Publico, prohibiendo viajes, arrendamientos, publicidad, memorias, impresos, vehículos, fiestas, bebidas y reducción de nomina a los niveles del 2019.
c) Disolviendo las sucursales que órganos estatales han establecidos en el Exterior, y dedicar esos recursos en programas de financiamientos en favor de los Dominicanos en el Exterior, para la adquisición de su primera vivienda en nuestro País;
d) Disolver todos los órganos Estatales creados por decreto, dedicando esos recursos a construcción de hospitales.
e) Prohibir por Ley, la entrega de ayudas sociales al portador, garantizando bajo penas de cárcel, que los programas sociales solo beneficien a personas cuyo nivel socioeconómico justifique su ayuda, prohibiendo la asignación de ayudas a través de políticos, diputado, senadores y funcionarios públicos.
F) Revisar los 300 mil pensiones otorgadas por razones políticas, que rondan los RD$5,000 millones de pesos, algunas de las cuales asciende a RD$200,000.00 en favor de relacionados a funcionarios de turno.
Según Surun Hernández, vocero de la Fundación, la implementación de estas medidas permitiría un ahorro estimado de RD$200,000 millones al Estado dominicano. Esto evitaría la necesidad de eliminar exenciones fiscales a sectores clave de la economía, como la industria, el turismo, el cine, la salud y la propiedad inmobiliaria. Hernández advierte que aprobar estos impuestos podría alejar la inversión extranjera, generando la pérdida de miles de empleos en el país.
