Santo Domingo.–El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, afirmó que el nuevo Código Penal presenta un problema de fondo y consideró que el debate debe centrarse en establecer un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas. Sostuvo que, aunque en una democracia se debe garantizar el derecho a expresarse libremente, esa libertad no puede convertirse en libertinaje ni utilizarse para afectar la dignidad de otros.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Del Río sostuvo que muchas personas confunden el derecho a la libertad de expresión con la posibilidad de emitir cualquier tipo de comentario, sin considerar las consecuencias que puedan tener sobre terceros.
«El libertinaje no se puede dar en una sociedad democrática, en una sociedad que respete los derechos. El Código tiene que ayudar a establecer normas para que la sociedad pueda actuar correctamente», expresó.
«La libertad no es decir lo que a uno le dé la gana»
El dirigente sindical aseguró que el nuevo Código Penal debe contribuir a corregir conductas que lesionan la dignidad de las personas mediante el uso irresponsable de la palabra. Explicó que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero advirtió que no puede utilizarse para difamar, ofender o perjudicar a otros.
«Usted puede decir lo que quiera, pero respetando a los demás, respetando la dignidad de la persona humana. Ese es el problema de fondo que debemos discutir», manifestó.
Añadió que el Código Penal no elimina la libertad de expresión, sino que busca establecer límites cuando esta se ejerce de manera abusiva.
«No se quita la libertad. Lo que se busca es que usted no pueda decir lo que le dé la gana dañando a los demás», enfatizó.
La libertad también tiene límites
Gabriel del Río insistió en que la democracia garantiza amplios espacios para la libre expresión, pero recordó que todo derecho debe ejercerse dentro del marco de la ley.
«La libertad tiene sus límites. Yo no puedo decir lo que me dé la gana en todo momento. Tengo que respetar la dignidad de los demás y actuar de una forma correcta para no ofender a nadie», afirmó.
A su juicio, las expresiones cargadas de falsedades, insultos o acusaciones sin fundamento afectan la convivencia democrática y deben ser reguladas por las normas jurídicas.
«La democracia exige normas»
El presidente de la CASC señaló que el Código Penal puede ser objeto de ajustes y mejoras durante el proceso legislativo, pero consideró indispensable que preserve mecanismos que garanticen el respeto entre los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes.
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«Hay que ajustarlo si es necesario, pero siempre respetando que las leyes se cumplan. La democracia exige normas establecidas que permitan ejercer los derechos sin afectar a los demás», indicó.
Asimismo, sostuvo que uno de los principales desafíos del país es lograr una aplicación imparcial de las leyes.
Pide fortalecer el cumplimiento de la ley
Del Río consideró que muchas de las dificultades institucionales del país obedecen a la falta de aplicación efectiva de las normas.
En ese sentido, llamó a las autoridades a garantizar el cumplimiento de la legislación sin favoritismos ni intereses particulares.
«Uno de los grandes problemas que tenemos es que muchas veces las normas no se cumplen o se aplican según intereses. Eso termina afectando la libertad y debilitando la democracia», concluyó.
