El Poder Ejecutivo dominicano ha presentado un anteproyecto que ajusta la Ley 80-23 de diciembre de 2023, destinada a aprobar el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal del 2024. Según explicaciones oficiales, el incremento en los precios internacionales del petróleo ha impactado el déficit del sector eléctrico de manera significativa, superando las proyecciones inicialmente previstas en el presupuesto vigente.
En respuesta a esta situación, el presupuesto reformulado contempla un aumento sustancial del subsidio otorgado a las Empresas de Distribución de Electricidad (EDEs), ascendiendo a 6,000.0 millones de pesos. Este ajuste tiene como objetivo principal respaldar las operaciones continuas de estas empresas frente a los desafíos económicos derivados del aumento en los costos de los combustibles, que influyen directamente en los precios finales de la energía eléctrica en el país.
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Según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), entre enero y mayo de 2024 se han destinado aproximadamente 36,500 millones de pesos en transferencias al sector eléctrico, de los cuales 7,000 millones de pesos correspondieron únicamente al mes de mayo. Comparativamente, en el mismo período del año anterior, las transferencias alcanzaron los 35,979.5 millones de pesos, reflejando una respuesta gubernamental más intensiva ante las presiones inflacionarias.
El anteproyecto de ley depositado ante el Congreso Nacional también incluye una revisión de las estimaciones de ingresos del Gobierno central para el 2024, estableciendo un total de 1,222,734,406,859 pesos. Sin embargo, las nuevas asignaciones presupuestarias proyectadas alcanzan los 1,567,714,618,977 pesos, generando un déficit financiero estimado en 231,312,112,514 pesos.
Este ajuste presupuestario contempla, además, un incremento de 35,360,004,423 pesos en las apropiaciones presupuestarias de gastos, aprobado por el Senado de la República y destinado a once instituciones del Estado. Entre estas instituciones destacan la Presidencia de la República, la Junta Central Electoral, y los ministerios de Defensa, Hacienda, Salud Pública, Trabajo, Industria, Comercio y Mipymes (MICM), así como Interior y Policía.
