El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), anunció la congelación de todos los pagos federales destinados a guarderías en Minnesota mientras el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan denuncias de fraude, incluyendo centros de cuidado infantil. La medida afecta aproximadamente US$185 millones destinados a 19.000 niños en el estado.
El subsecretario del HHS, Jim O’Neill, explicó que los fondos permanecerán retenidos hasta que los estados puedan demostrar que se están utilizando legítimamente, mediante recibos, justificaciones o evidencia fotográfica. La acción se produce semanas después de operaciones de ICE dirigidas a inmigrantes somalíes indocumentados en el área de Minneapolis-St. Paul y tras la viralización de un video del creador de contenido Nick Shirley, quien denunció fraude en guarderías administradas por miembros de la comunidad somalí.
El video de Shirley, que recibió más de 1,5 millones de visitas en YouTube, muestra supuestas irregularidades en centros de cuidado infantil, aunque varias revisiones y fuentes estatales señalan que algunos de los lugares estaban cerrados por horarios regulares o funcionaban por debajo de su capacidad oficial, sin indicios de fraude activo.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguró que su administración ha trabajado durante años para combatir el fraude en programas de cuidado infantil, auditando y cerrando centros cuando es necesario, y pidió a la legislatura estatal más autoridad para tomar medidas agresivas.
El DHS y el FBI han desplegado recursos adicionales en el estado para investigar las denuncias, incluyendo visitas a centros de cuidado infantil y otras empresas relacionadas con posibles irregularidades. Hasta el momento, no se han reportado arrestos en relación con esta nueva investigación.
El anuncio ha generado polémica debido a la asociación de las investigaciones con la comunidad somalí de Minnesota, que constituye una parte significativa de la población local. Líderes comunitarios y defensores de derechos civiles han expresado su preocupación por posibles acciones discriminatorias y advierten contra el castigo colectivo por las acciones de unos pocos individuos.
El HHS enfatizó que la retención de fondos es una medida preventiva mientras se verifica la legitimidad de los pagos, y recomendó a las familias y centros educativos mantenerse atentos a los próximos comunicados oficiales.
