Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este miércoles el quincuagésimo primer Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, donde se revisaron temas relacionados con el marco legal de la administración pública, entre ellos el nuevo Código Penal Dominicano y la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Durante la sesión, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó los principales aspectos del nuevo Código Penal, que introduce una tipificación más amplia de los delitos vinculados a la función pública.
Se incluyen sanciones más severas para actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos. También se establecen mecanismos para reforzar la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos.
Por su parte, Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, expuso los puntos centrales de la nueva ley, que busca modernizar el sistema de compras y contrataciones públicas.
Entre sus disposiciones están el uso de plataformas digitales para trazabilidad, penalidades por corrupción, inclusión de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres en los procesos de compras, y la incorporación de tecnologías para análisis de riesgos.
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En el encuentro también se discutieron los informes recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúan el estado de la transparencia y la integridad pública en el país.
Asimismo, se presentó un compendio digital titulado “5 años construyendo el país que queremos”, que documenta obras de infraestructura desarrolladas entre 2020 y 2025, entre ellas proyectos en transporte, salud, educación, energía y agua potable. Según lo expuesto, se han invertido más de RD$600 mil millones en estas iniciativas.
Finalmente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dio a conocer una medida de eficiencia energética que se aplicará en instituciones públicas con el fin de reducir el consumo y mejorar la sostenibilidad en el sector estatal.
