Santo Domingo, RD.– Mediante oficio del Ministerio de Administración Pública, MAP, el gobierno ordeno a las direcciones de Recursos Humanos de las entidades públicas a que, en un plazo no menor de 15 días laborables, procedan a realizar un levantamiento en procura de determinar cuales empleados públicos tienen contratos de los servicios de agua potable y energía eléctrica, cual es su status de cumplimiento o pago con dichos servicios y si no están a su nombre que den cuenta de a nombre de quien se encuentran contratados dichos servicios, de esta forma inicia el gobierno los ajustes de lugar para buscar los recursos necesarios ante el rechazo que recibiera el proyecto de modernización fiscal con el cual procuraba incrementar sus recaudaciones.
Aunque no lo indica taxativamente el comunicado, de esta forma el Gobierno busca incrementar ingresos obligando empleados públicos a tener contratos y estar al día con pagos de la luz y el agua.
La medida, dice el MAP busca ademas mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos de la administracion publica, correspondientes a las obligaciones de pago de agua y energía eléctrica, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.
Las direcciones de Recursos Humanos deberán confirmar en un plazo de 15 días laborables si el servidor público posee contrato de energía eléctrica y agua. En caso de que el empleado no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar está y si cumple con sus obligaciones de pago.
La circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, establece que, “es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa”.
El documento está dirigido a ministros, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, contralor general de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.
