El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó este viernes que entre julio y febrero, 4.239 personas fueron asesinadas y 1.356 resultaron heridas en Haití, víctimas de crímenes cometidos con armas ilegales que llegan del extranjero, a pesar del embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El 92 % de las víctimas fueron atacadas con armas de fuego, cuya circulación en Haití es cada vez más sofisticada. Se estima que existen entre 270.000 y 500.000 armas en el país, según explicó Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos el informe más reciente sobre la situación en Haití.
Türk también destacó que las pandillas han extendido su control sobre áreas de Puerto Príncipe y sus alrededores, apoderándose de territorios e infraestructuras clave. Según los datos recopilados, diversas pandillas han formado alianzas para lanzar ataques coordinados, utilizando armas de alto poder y, en algunos casos, superando en número y en fuerza a las fuerzas de seguridad.
El Alto Comisionado enfatizó que para abordar la crisis en Haití es fundamental frenar el flujo de armas ilegales hacia el país, ya que, sin enfrentar los factores que perpetúan el caos, “cualquier avance en seguridad y estabilidad será solo temporal”.
El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también subraya el alarmante aumento de la violencia sexual, incluyendo violaciones colectivas y explotación sexual, utilizadas por las pandillas como herramientas de coerción y para consolidar su poder sobre las comunidades.
Asimismo, el informe detalla que las pandillas han instaurado una forma de gobierno en las zonas que controlan, desafiando la autoridad estatal, a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití.
Durante el periodo cubierto por el informe, más de 2.000 personas fueron asesinadas o heridas en operativos policiales contra las pandillas, lo que representa un aumento del 60 % en comparación con los seis meses anteriores. De estas víctimas, el 30 % fueron alcanzadas por balas perdidas.
Finalmente, la ONU documentó 219 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por unidades especializadas de la policía, un incremento significativo respecto a los 33 casos registrados en 2023.
