SANTO DOMINGO.- El abogado José Martínez Hoepelman se refirió este miércoles a un caso de agresión protagonizado por un motoconchista contra el conductor de un vehículo del Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE), hecho en el que también se evalúa la posible inclusión del delito de agresión agravada por la presencia de menores de edad en el vehículo. El jurista señaló que, de confirmarse este elemento, podría considerarse incluso una tipificación más grave vinculada a la protección de la infancia, subrayando además que la ciudadanía debe percibir la efectiva protección del Estado frente a este tipo de hechos.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo el abogado explicó que, de acuerdo con los elementos conocidos del caso, la conducta podría encuadrarse dentro del tipo penal de golpes y heridas agravadas, dependiendo del objeto utilizado en la agresión y del nivel de afectación ocasionado a la víctima.
Señaló que el derecho penal exige una correcta tipificación de los hechos, evitando sobredimensionar jurídicamente las conductas, ya que esto puede generar distorsiones en la aplicación de la justicia. Añadió que la sanción debe ajustarse a la gravedad real del daño.
El jurista consideró además que estos casos evidencian la necesidad de fortalecer el régimen sancionador en materia de tránsito y conducción temeraria, especialmente en el caso de motocicletas. Indicó que lo esencial es que las sanciones se apliquen de manera efectiva para reducir la percepción de impunidad en las calles.
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Debate sobre prohibición de encuestas de la JCE
En otro orden, Martínez Hoepelman abordó las recientes disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la regulación de las encuestas electorales, señalando que la institución posee facultades reglamentarias, pero estas están sujetas a límites establecidos por la ley.
El abogado explicó que la función reglamentaria de la JCE debe limitarse a organizar la aplicación de la normativa vigente, sin crear nuevas prohibiciones o ampliar restricciones más allá de lo que establece la ley de régimen electoral.
En ese sentido, advirtió que el reglamento sobre encuestas podría estar excediendo esas atribuciones al intentar prohibir su publicación antes del inicio formal de la precampaña, lo que, a su juicio, podría vulnerar el principio de legalidad.
Martínez Hoepelman sostuvo que esta medida podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre empresa, al limitar tanto la difusión como el acceso a datos de interés público.
El jurista citó los artículos 40 y 44 de la Constitución como sustento de estos derechos, señalando que la libertad de expresión incluye tanto la emisión como la recepción de información, lo que resulta esencial para la formación de la opinión pública.
Aunque reconoció que la intención de la JCE podría estar orientada a evitar el uso político indebido de las encuestas, consideró que la prohibición general de su publicación podría resultar desproporcionada y jurídicamente cuestionable.
Finalmente, propuso que en lugar de prohibir la difusión de encuestas, la JCE debería fortalecer los mecanismos de control técnico, exigiendo la validación de metodologías, muestras y procedimientos antes de su publicación.
