Santo Domingo.– El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP), Hotoniel Bonilla, respaldó la solicitud de diversos sectores que piden extender el plazo para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían contradecir criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) y la jurisprudencia sobre libertad de expresión.
Bonilla advirtió que el nuevo Código contiene aspectos que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a las opiniones y denuncias sobre el accionar de funcionarios públicos.
“El Código contradice los criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia sobre la libertad de expresión, en especial cuando se refiere a denunciar el accionar de los funcionarios públicos”, sostuvo el jurista.
El abogado alertó que dichas disposiciones podrían ser utilizadas como un mecanismo de control político y social mediante la amenaza de acciones penales, lo que, según afirmó, representaría un riesgo para el Estado de derecho y los principios democráticos.
Bonilla planteó que la legislación debe ser sometida a un examen integral por parte de expertos, juristas y actores del sistema de justicia, con el objetivo de corregir posibles tensiones que puedan afectar la seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el orden democrático.
El dirigente político recordó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, establecido mediante la Ley núm. 74-25, está prevista para el 3 de agosto de 2026.
Asimismo, destacó que entre las entidades que han solicitado al Poder Ejecutivo ampliar el período de vacatio legis se encuentra la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), cuya petición consideró oportuna por recoger preocupaciones de sectores de la comunicación, la academia, la comunidad jurídica y actores del sistema judicial.
Bonilla también expresó preocupación por lo que calificó como una coyuntura de intolerancia frente a opiniones críticas, señalando que algunas figuras penales relacionadas con conductas que afectarían el honor podrían representar una amenaza contra la libertad de opinión y la libre expresión del pensamiento.
El exfuncionario del Ministerio Público afirmó que, ante estas inquietudes, resulta necesario atender los reclamos de revisión y aplazamiento para preservar las libertades públicas y el clima democrático en la República Dominicana.
