Santo Domingo. – La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles medidas de coerción contra los empresarios Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo colapso trágico el pasado 8 de abril dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La jueza Fátima Veloz, titular del tribunal, dictó como medida coercitiva el impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos, a través de una aseguradora, para cada uno de los imputados.
La audiencia, que se extendió por más de 13 horas, incluyó tres recesos, siendo el más largo de dos horas, debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación presentada por ambas partes.
Acuerdos económicos previos
Antes de la imposición de las medidas, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los imputados, informó que más de 40 de las víctimas y sus familiares llegaron a acuerdos económicos con la familia Espaillat. Entre los beneficiados se encuentran músicos de la orquesta de Rubby Pérez y personas afectadas directamente por el colapso del local.
Una de las peores tragedias en centros de entretenimiento
El desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido durante un evento con gran afluencia de público, ha sido calificado como una de las peores catástrofes en un centro de entretenimiento en la historia reciente de la República Dominicana.
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El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario, alegando que operaban el establecimiento pese a conocer fallas estructurales críticas en la edificación. Según la acusación, los propietarios incumplieron con los protocolos básicos de seguridad exigidos para la realización de eventos masivos.
Proceso continúa bajo investigación compleja
El caso fue declarado de tramitación compleja, lo que permitirá al Ministerio Público ampliar el plazo para investigar y recabar pruebas. Mientras tanto, la sociedad dominicana continúa atenta a las medidas judiciales que se adopten en torno a una tragedia que ha dejado una profunda huella en el país.
