Por: José Rafael Padilla Meléndez, docente y analista político
En toda sociedad civilizada, el orden normativo es el pilar fundamental que garantiza la convivencia pacífica, el desarrollo y la protección de los derechos de los ciudadanos. En la República Dominicana, nuestra Constitución y el marco legal vigente establecen no solo derechos, sino también deberes y responsabilidades que cada individuo debe asumir para que el tejido social funcione de manera adecuada y efectiva.
Sin embargo, en tiempos recientes, hemos sido testigos de cómo ciertos sectores han intentado utilizar disposiciones constitucionales y legales de manera sesgada, con el propósito de justificar posturas que, lejos de contribuir al bienestar colectivo, buscan introducir agendas que pueden resultar nocivas para el desarrollo de nuestra nación. Un caso particular de esto es la interpretación que algunos han querido dar al artículo 43 de la Constitución, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El derecho individual y las normas sociales:
Este artículo establece que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás”. Sobre esta base, algunos han planteado que las instituciones educativas no deberían establecer regulaciones respecto a la vestimenta, el corte de cabello u otros aspectos de la apariencia de los estudiantes, argumentando que hacerlo constituiría una forma de discriminación.
Si bien es cierto que los derechos individuales deben ser respetados, también es una realidad innegable que toda sociedad necesita reglas y estructuras que regulen el comportamiento de sus miembros en distintos espacios. Las escuelas no son una excepción. Son instituciones diseñadas no solo para la enseñanza de conocimientos, sino también para la formación en valores, disciplina y respeto por las normas, elementos esenciales para la vida en sociedad.
Un sistema educativo sin normas es un sistema condenado al caos. La apariencia física no es un impedimento para el aprendizaje, pero sí es un factor que influye en la disciplina, en la cultura organizacional de las instituciones y en la preparación de los estudiantes para desenvolverse en escenarios profesionales y sociales donde el respeto a ciertas normas es crucial.
Los deberes también son parte de la Constitución:
Uno de los problemas recurrentes en la sociedad dominicana es la insistencia de algunos en destacar los derechos sin asumir los deberes. La propia Constitución, en su artículo 75, establece las obligaciones fundamentales de los ciudadanos, incluyendo:
- Acatar y cumplir la Constitución y las leyes.
- Respetar los derechos de los demás y actuar con solidaridad.
- Contribuir al bien común.
- Cumplir con las responsabilidades que la educación impone.
Es decir, los derechos no pueden analizarse de manera aislada ni absoluta. En cualquier democracia, los derechos individuales coexisten con los deberes ciudadanos, y en ese equilibrio radica el éxito de un estado social y democrático.
El riesgo de la manipulación jurídica con agendas ocultas:
Las interpretaciones forzadas de nuestra normativa jurídica representan un peligro cuando se utilizan para promover agendas que buscan desestabilizar las bases sociales y culturales que han permitido nuestro desarrollo. Pretender imponer la idea de que toda norma es opresiva, cuando en realidad, las normas son el mecanismo que garantiza la equidad, el orden y la posibilidad de progreso, es un absurdo.
Quienes proponen determinados empoderamientos a las normas y regulaciones en los espacios educativos en nombre de la “libertad” y los derechos constitucionales, deberían preguntarse:
- ¿Acaso un médico puede ignorar las normas de higiene y vestimenta en un hospital por su libre desarrollo de la personalidad?
- ¿Un militar puede desobedecer los códigos de su institución en nombre de su individualidad?
- ¿Un ciudadano puede incumplir las normas de tránsito porque considera que afectan su libertad de movimiento?
Evidentemente, la respuesta es no. Toda sociedad requiere reglas para garantizar el bien común. No se puede permitir que interpretaciones acomodaticias de la Constitución sean utilizadas como excusa para debilitar la autoridad de las instituciones o socavar los valores esenciales para la formación de ciudadanos responsables.
Nuestra normativa jurídica no puede ser tergiversada para justificar agendas que atentan contra el orden social. Los derechos y los deberes son dos caras de la misma moneda, y no pueden analizarse en compartimentos estancos. Si permitimos que las reglas sean constantemente cuestionadas y debilitadas bajo interpretaciones individuales, sesgando el colectivo social, el resultado será una sociedad sin dirección, donde el caos y la falta de compromiso reemplacen el civismo y la responsabilidad.
Es imperativo que defendamos el respeto por las normas, el rol de las instituciones y la importancia de formar ciudadanos que, además de conocer sus derechos, comprendan sus deberes. Solo así podremos construir una República Dominicana verdaderamente próspera y ordenada.
