Santo Domingo. – El Senador de la provincia La Romana por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Iván Silva, durante la entrevista central del Matutino Su Mundo enfatizó que la República Dominicana podría ser cómplice de terrorismo.
El también presidente de la comisión de juventud de la República destacó que, en el país existe un empresario haitiano llamado, Gilbert Bigio, propietario de la empresa GB Group el cual auspicia bandas haitianas. El CEO de esta empresa llamado, Pablo Portes, es también asesor financiero del Poder Ejecutivo por decreto del presidente Luis Abinader por lo que se asocia al gobierno en gestión con dichos actos.
El nombrado empresario, Gilbert Bigio, fue sancionado por los gobiernos de Canadá y EE.UU. por financiar dichas bandas terroristas en Haití.
“Si este señor fue sancionado por estos gobiernos y nosotros lo tenemos aquí en República Dominicana y hemos infiltrado en el mismo gobierno empleados suyos entonces nosotros podríamos ser cómplices de terrorismo“, sostuvo.
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Resaltó la visita del canciller Roberto Álvarez en el Senado, en donde fue cuestionado por el senador de porqué firmó un tratado tan lascivo sobre delimitaciones marítimas entre República Dominicana y Países Bajos prácticamente “regalando veintidós millas de un lado y veintidós millas náuticas de nuestros mares de otro lado” a los Países Bajos y aseveró que Álvarez no dio respuesta sensata, más bien le dio vergüenza tal cuestionamiento.
“Le dio vergüenza porque no sabía qué responderme a eso (…), la verdad es que se quedó mudo”, declaró Silva.
El dirigente político pronunció su base de la problemática en cómo el ministro firmaría un acuerdo que no tiene base legal. Asimismo, volvió a cuestionar sobre si el mencionado fue sobornado para cometer tal hecho, y posteriormente su micrófono fue apagado impidiendo que siguiera el interrogatorio. “Ese canciller lo que quiere es renunciar de este gobierno, es una vergüenza. Lo obligaron a firmar ese tratado, eso vino desde arriba”, manifestó.
De esa misma forma, recalcó los préstamos realizados al gobierno actual de más de treinta mil millones de dólares en tres años sin justificación. Manifestó el hecho de que el administrador general de Banreservas, Samuel Pereyra, ha sido obligado a emitir deudas a través de dicho banco sin dar cuentas al Senado ni a la Cámara de Diputados violando la Constitución de la República aseverando que quien ha obligado al señalado ha sido el presidente de la República.
“No hay manera humana de él poder justificar cómo se desaparecieron en tres años treinta mil millones de dólares solamente en préstamos”, puntualizó.