Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Sentencia TC-0788-24 del Tribunal Constitucional, ha dado un paso significativo hacia la regulación de las candidaturas independientes en el país.
Este proceso busca ajustar el marco legal dominicano a las orientaciones constitucionales y a las características del sistema político y electoral de la nación.
En este contexto, la Junta decidió conformar una comisión técnica con la finalidad de desarrollar una propuesta de proyecto de ley que regule las candidaturas independientes. La creación de esta comisión también está en línea con la facultad constitucional de iniciativa legislativa que le corresponde a la Junta Central Electoral.
La comisión será presidida por Román Andrés Jáquez Liranzo, Presidente de la Junta Central Electoral, quien encabezará el proceso de redacción del proyecto. La comisión estará conformada por los siguientes miembros:
Samir Rafael Chami Isa – Miembro Titular de la JCE
Hirayda Marcelle Fernández Guzmán – Miembro Titular de la JCE
Denny Emmanuel Díaz Mordán – Consultor Jurídico de la JCE y Secretario de la Comisión
Mario Eligio Núñez Valdez – Director Nacional de Elecciones
Lenis Rosangela García Guzmán – Directora de Partidos Políticos
Ramon Hilario Espiñeira Ceballos – Director Especializado de Control Financiero de los Partidos
Johnny Marcelo Rivera Báez – Director Nacional de Informática
Cada miembro desempeñará un papel crucial en la elaboración de la propuesta de ley, que será presentada posteriormente al Congreso Nacional para su aprobación y los fines correspondientes.
La comisión encargada de la regulación de las candidaturas independientes tiene la tarea de elaborar un cronograma de trabajo detallado que guiará el proceso de redacción del proyecto de ley.
Una vez que la propuesta sea completada y aprobada por el Pleno de la Junta Central Electoral, será sometida al Congreso Nacional para su revisión y consideración.
Este paso es fundamental para asegurar que las candidaturas independientes se ajusten a los principios constitucionales y se alineen con el sistema político-electoral del país, garantizando un proceso electoral más inclusivo y transparente.
