Santo Domingo.-El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa la mayor amenaza para la libertad de expresión y de empresa desde el fin de la dictadura de Rafael Trujillo, por lo que llamó a revisar las disposiciones que, a su juicio, afectan el ejercicio periodístico y la labor de los medios de comunicación.
“Después de la caída de Trujillo, no habíamos tenido una amenaza a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa como la que actualmente pesa sobre la sociedad dominicana”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, De la Rosa sostuvo que varios artículos del Código establecen sanciones desproporcionadas para quienes difundan imágenes, videos o audios sin autorización, lo que podría generar censura previa y limitar el derecho ciudadano a denunciar hechos de interés público.
Como ejemplo, explicó que una persona que cometa un robo podría enfrentar una pena de un año de prisión, mientras que quien grabe el hecho y publique el video en redes sociales podría ser condenado hasta a cinco años de cárcel por difundir imágenes sin autorización.
Asimismo, señaló que el uso de fotografías o imágenes de una persona en la miniatura de un video o una publicación digital también podría generar responsabilidad penal para periodistas, editores, directores y propietarios de medios de comunicación.
Respalda el capítulo sobre corrupción
El presidente de ADOCCO aclaró que la organización respalda las disposiciones del nuevo Código relacionadas con la lucha contra la corrupción, destacando que la legislación incorpora un capítulo específico con 25 artículos que tipifican las distintas modalidades de corrupción.
Recordó que la entidad había solicitado que la corrupción no fuera considerada como un solo delito, sino como un conjunto de conductas delictivas, planteamiento que finalmente fue acogido en la nueva legislación.
Advierte sobre responsabilidad penal para los medios
De la Rosa manifestó que la principal preocupación de ADOCCO se concentra en los artículos vinculados a la libertad de expresión, debido a que eliminan el principio de responsabilidad individual y establecen una responsabilidad corporativa.
Indicó que, además del comunicador, podrían ser sancionados penalmente el director del medio, el coordinador, el propietario y la empresa que opera el medio de comunicación, exponiéndolos incluso a la incautación de equipos, el cierre de la empresa o la suspensión de licencias.
Terminaran haciendo programas de cocina
Según explicó, estas disposiciones obligarían a los medios a ejercer controles previos sobre las entrevistas y contenidos para evitar posibles sanciones, afectando el ejercicio del periodismo.
«Los medios terminarían optando por hacer programas de cocina o de cualquier otro tema antes que abordar asuntos de interés público por temor a las consecuencias legales», afirmó.
Puede leer: Carol Pérez afirma presidente electo de Colombia amenaza con deportar a Petro a EE. UU. por corrupción
Añadió que el Código también contempla el cúmulo de penas, lo que podría elevar significativamente las condenas cuando se acumulen varias infracciones derivadas de una misma cobertura informativa.
Crítica el delito de ultraje
Otro de los aspectos cuestionados por De la Rosa es el artículo que sanciona el delito de ultraje contra funcionarios públicos.
A su juicio, la norma agrava las penas cuando la presunta víctima ocupa un cargo público y establece multas calculadas sobre el salario del funcionario afectado, lo que considera una disposición desproporcionada y contraria a los principios de igualdad jurídica.
Propone ampliar el plazo antes de la entrada en vigencia
El presidente de ADOCCO recordó que el nuevo Código Penal entrará en vigor el próximo 6 de agosto, tras concluir el período de vacatio legis.
En ese sentido, propuso extender dicho plazo entre tres y seis meses para permitir una revisión exhaustiva de los artículos que generan preocupación, especialmente los relacionados con la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las empresas de comunicación.
Finalmente, aunque reconoció que el presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados han manifestado interés en revisar algunos aspectos de la legislación, insistió en que lo ideal sería realizar esas modificaciones antes de que el Código entre en vigencia.
