Santo Domingo. –El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, anunció este jueves que llevará su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras considerar que la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, incurrió en una amenaza velada a su libertad de expresión y participación ciudadana.
“Ya iniciamos diligencias a los fines de procurar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, porque sentimos que esto corresponde a una amenaza a la libertad de expresión, de actuación y de participación de los ciudadanos”, expresó de la rosa.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, de la Rosa aseguró que la funcionaria reaccionó de manera ofensiva luego de que él denunciara que incurrió en prevaricación al archivar una querella presentada contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por presunto ocultamiento de bienes y violaciones a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Ejercicio de ciudadanía
El presidente de ADOCCO reiteró que lo que ha hecho es ejercer un derecho ciudadano al denunciar irregularidades de funcionarios públicos, insistiendo en que los servidores del Estado deben estar sujetos al escrutinio social y legal.
“Vivimos llevando casos ante la Comisión Interamericana, no a la Corte, porque es el paso previo. Allí lo que se procura es prevenir y adelantarse ante el temor de que se vulneren derechos fundamentales”, explicó.
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De la Rosa insistió en que la reacción de Ortiz Bosch surge por la exposición de su actuar y la protección otorgada al exministro Hernández.
“Lo que hemos hecho es un ejercicio de ciudadanía, y su reacción nació precisamente porque se ha puesto en evidencia. Esto es lo que le ha molestado”, puntualizó, reiterando que la intención es garantizar transparencia y cumplimiento de la ley en la función pública.
El conflicto con Ortiz Bosch
El dirigente de ADOCCO explicó que la directora de Ética anunció que lo sometería por difamación tras sus señalamientos, lo que, a su entender, constituye un intento de frenar las denuncias de corrupción que realiza la organización.
Sostuvo que la DIGEIG actuó de manera irregular al archivar el caso contra el exministro Hernández, quien presentó su declaración jurada seis meses después de su designación, cuando la Ley 311-14 establece un plazo de 30 días.
“Ortiz Bosch debió remitir el caso al Ministerio Público y solicitar la desvinculación del exministro, pero en su lugar decidió archivarlo, lo que no le correspondía”, dijo De la Rosa.
La denuncia de Adocco se centra también en la transferencia de fondos de una ONG a empresas familiares de Hernández, incluyendo la adquisición de un inmueble en Playa Morón, Samaná, por un valor de 31 millones de pesos, lo que para la organización constituye indicios de lavado de activos.
Mensaje a Abinader
Finalmente, De la Rosa envió un mensaje al presidente Luis Abinader, al señalar que la “teoría de la transparencia” debe convertirse en práctica y aplicarse sin distinción de jerarquías ni vínculos personales.
