Santo Domingo, R.D. – La abogada experta en Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas, e integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yulibelys Wandelpool, advirtió que la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico, establecida mediante el Decreto 517-25, debe ser cuidadosamente evaluada para determinar si cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el Decreto 416-23.
Wandelpool, quien además es integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alertó que no toda dificultad operativa o financiera justifica una declaratoria de emergencia en términos legales. En su análisis publicado en Vanguardia del Pueblo, indicó que si bien la medida busca garantizar el suministro eléctrico, el uso de procedimientos excepcionales debe sustentarse en criterios jurídicos claros y objetivos.
“El marco jurídico busca equilibrar rapidez y transparencia. Si usamos las compras de emergencia como atajo, podemos debilitar la competencia y la confianza en el sistema”, advirtió la jurista.
Requisitos legales para declarar emergencia
Wandelpool recordó que la Ley 340-06, en su artículo 6, numeral 1, establece que las compras por emergencia solo proceden ante hechos de fuerza mayor, riesgo a la seguridad nacional o situaciones que no admiten demora. Por su parte, el artículo 52 del Reglamento 416-23 exige que las contrataciones de emergencia cumplan con cuatro condiciones básicas:
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Hecho sobreviniente y extraordinario.
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Urgencia incompatible con la licitación ordinaria.
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Proporcionalidad en el alcance de la contratación.
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Justificación documentada y publicación en el SECP dentro de 15 días hábiles, con rendición de cuentas ante la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.
En ese sentido, subrayó que una declaratoria basada en problemas acumulados o mal manejo operativo podría no calificar legalmente como emergencia, sino como consecuencia de falta de planificación.
Preocupación por contrataciones de consultores
Uno de los puntos más críticos señalados por Wandelpool es que el decreto incluye la contratación de consultores, asesores y servicios jurídicos y financieros, lo que a su juicio contradice la lógica de urgencia que debería primar en un escenario de emergencia real.
“Una consultoría es una herramienta de planificación que genera resultados a mediano plazo. Si estamos contratando consultores por vía de emergencia, el mensaje es que hay un déficit de capacidad técnica en el Estado que debemos atender con urgencia”, enfatizó.
Llamado a institucionalidad y planificación
Wandelpool reconoció que garantizar el suministro eléctrico es una prioridad nacional, pero enfatizó que la excepción no debe convertirse en la norma. Criticó además el uso recurrente de referencias a crisis pasadas para justificar medidas extraordinarias en 2025.
