Santo Domingo. Juristas dominicanos advirtieron que el nuevo Código Penal representa una seria amenaza para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en República Dominicana, al señalar que varios artículos de la legislación podrían limitar el trabajo de comunicadores, periodistas y medios de comunicación.
La advertencia fue hecha por Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción; y César Amadeo Peralta, penalista y analista jurídico, durante el conversatorio “Libertad de Prensa y Expresión en el Nuevo Código Penal Dominicano”.
La actividad fue organizada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en su sede de la avenida George Washington, en el Centro de los Héroes, y contó con la participación de dirigentes del gremio periodístico.
De acuerdo con los juristas, la nueva legislación contempla disposiciones que podrían afectar directamente a periodistas, comunicadores, ejecutivos, propietarios de medios y empresas de comunicación. Entre los riesgos citados figuran el cierre de programas y medios, la incautación de equipos de trabajo, la no renovación de licencias, el decomiso de bienes y la prohibición del ejercicio profesional.
Los panelistas aseguraron que existen al menos 10 artículos del nuevo Código Penal que podrían impactar el ejercicio periodístico, sin contar otras disposiciones que, según indicaron, también podrían afectar a los comunicadores en su condición de ciudadanos.
Entre los puntos cuestionados, mencionaron la figura de la difamación extorsiva, que, según explicaron, contempla penas de cinco a diez años de prisión. También expresaron preocupación por el cúmulo de penas y las sanciones complementarias establecidas en la legislación.
Los abogados señalaron además el artículo 379, al indicar que podría imponer sanciones de 20 a 30 años de prisión a personas que falseen u oculten información requerida por organismos de seguridad, lo que, a su juicio, podría colocar a periodistas y ciudadanos en una posición de informantes obligados.
Otro de los artículos cuestionados fue el 310, relativo al ultraje a funcionarios públicos, que establece penas de 15 días a un año de prisión y multas de dos a 13 salarios mínimos. Los juristas explicaron que esas multas podrían calcularse en función del salario del funcionario afectado, no del salario mínimo del sector público.
También advirtieron sobre posibles sanciones vinculadas a la difusión de audios, imágenes o videos, especialmente si el contenido es alterado o considerado de carácter íntimo o sexual. Según indicaron, estas disposiciones podrían generar temor entre ciudadanos y medios al momento de compartir informaciones.
Vidal Potentini afirmó que el nuevo Código Penal contiene aspectos que deben ser revisados, al considerar que el periodismo debe ser protegido por su papel fiscalizador frente al poder público y privado.
Julio César de la Rosa sostuvo que, cuando la legislación entre en vigencia, podría provocar un escenario complejo para los medios de comunicación, debido al temor de sus propietarios y directivos a enfrentar procesos judiciales.
Mientras que César Amadeo Peralta citó entre los artículos que, a su entender, podrían afectar a periodistas y medios de comunicación los artículos 29, 121, 123, 192, 208, 209, 310, 370 y 379, entre otros.
Los juristas coincidieron en que el tema debe ser debatido ampliamente por la sociedad dominicana, debido a sus posibles implicaciones sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información
